n día después de que la Cámara de Senadores aprobó el dictamen por el que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, consideró que dicho andamiaje institucional tardará de dos a tres años para comenzar a funcionar y dar resultados, y recordó que para su implementación aún es necesario contar con el aval de la mayoría de las legislaturas estatales y la promulgación de leyes secundarias.

Las declaraciones del titular de la ASF marcan un punto de contraste con respecto al optimismo de un discurso del gobierno federal, cuyo titular señaló ayer que se trata de un esfuerzo inédito para realmente combatir y prevenir actos de corrupción en el ámbito público y también a veces en el ámbito privado.

En efecto, es saludable y necesario que el Estado cuente con herramientas jurídicas e institucionales para hacer frente a flagelos como la corrupción, que recorre los órdenes federal, estatal y municipal y afecta por igual a los gobiernos de las distintas fuerzas partidistas, amén de que representa una pérdida importante de ingresos públicos que, de acuerdo con estudios de diversas organizaciones, se cuentan por miles de millones de pesos.

No obstante, la dificultad de combatir la corrupción no radica en que se trate de un problema cultural, como señaló el propio Peña Nieto en septiembre pasado, sino que obedece a factores estructurales cuya modificación es condición sine qua non para combatir con eficacia ese flagelo.

En un entorno nacional en el que la aplicación del Estado de derecho es sistemáticamente soslayada, y en el que imperan altos niveles de impunidad para las diversas conductas ilícitas que se presentan en el país, no es de sorprender la práctica inexistencia de consecuencias penales o administrativas con que se han saldado los episodios de presunta corrupción y manejo ilícito de los recursos públicos por parte de gobernantes, funcionarios o personas de su círculo cercano.

Por otra parte, la aplicación del modelo político-económico aún vigente en el país se ha caracterizado por la colocación del poder público al servicio de los intereses financieros y comerciales y en detrimento de las necesidades de la población; en consecuencia, además del estancamiento económico, la descomposición, la desigualdad, la dependencia, la pobreza, el desempleo, la devastación y la violencia, dicho modelo ha generado un entorno propicio para la corrupción, y no parece factible contrarrestar las desviaciones en el ejercicio de los cargos públicos si el gobierno no rectifica las bases mismas que incentivan esas desviaciones.

La impunidad generalizada y la prevalencia del interés privado sobre el bien público generan sólidas estructuras de incentivos para que los funcionarios generen oportunidades indebidas de negocios al amparo del poder. Estos factores, cabe suponer, prevalecerán a pesar del inicio de operaciones del Sistema Nacional Anticorrupción, y su atención requerirá, sin duda, de medidas que vayan mucho más allá de la aplicación de la reforma recién aprobada. Es deseable y necesario que las autoridades muestren voluntad política para actuar en ese sentido.