El Senado aprobó ayer en comisiones la reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y desaparición forzada de personas.

Perredistas y panistas consideraron que es la reforma más importante del sexenio en materia de derechos humanos. Una vez que sea aprobada por la mitad más uno de los congresos de los estados, se fijará un plazo de 180 días para que el Congreso federal expida las leyes generales de desaparición forzada y otra de tortura.

Durante la presentación del dictamen en comisiones unidas, la perredista Angélica de la Peña destacó que con esta reforma se va a poder legislar en materia de desaparición forzada de personas –la que cometen agentes del Estado o participa alguno o con aquiescencia– y las desapariciones involuntarias, que son las perpetradas entre particulares por la delincuencia organizada.

El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Roberto Gil Zuarth, señaló que la reforma responde a un reclamo social y al de organismos internacionales de derechos humanos –Corte Interamericana de Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, entre otros– y ‘‘va a permitir mejorar y hacer eficaz el combate a ese tipo de fenómenos delictivos’’.

Hizo notar que en la reforma a la fracción 21 del artículo 73 de la Carta Magna se reconoce el bien jurídico tutelado de libertad personal; esto, precisó, es una cláusula de apertura para establecer distintas modalidades de regulación.

‘‘No sólo se podrá legislar sobre desaparición forzada de personas o la desaparición involuntaria, sino también sobre las detenciones ilegales y arbitrarias, el abuso del arraigo, la sustracción ilegal de menores, desplazados forzados y en todas las conductas que impliquen privación de la libertad.’’

En imagen de archivo, organizaciones civiles se manifiestan frente a la Comisión Ejecutiva de Atención a VíctimasFoto Guillermo Sologuren

Alejandro Encinas subrayó que esta reforma va a implicar que el Estado mexicano asuma su responsabilidad respecto de las desapariciones de carácter político, pero también su responsabilidad para garantizar la seguridad y la integridad física de las personas ante hechos delictivos.

Recordó: ‘‘Muchos compañeros nuestros que optaron por otras vías políticas fueron arrojados desde helicópteros al mar durante la guerra sucia de la década de los 70’’.

Ahora, abundó, ‘‘tenemos la posibilidad de que hechos como la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se esclarezca y se conozca la verdad jurídica e histórica real de los hechos’’. Refirió que desde 2012, la ONU recomendó al gobierno mexicano legislar en materia de desaparición forzada y tortura.

Armando Ríos Piter (PRD) señaló por su parte que la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos llevó a encontrar 400 cuerpos en distintas fosas clandestinas de Guerrero, lo que da cuenta de la magnitud del problema. 

El también senador perredista Zoé Robledo pidió que se incluyera en esa reforma legislar sobre el desplazamiento interno forzado de personas, ya que ‘‘en Chiapas hay 25 mil desplazados desde el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y en otros estados como Chihuahua, Sinaloa, Sonora Tamaulipas y Veracruz también se registra ese problema. Se habla de que hay 280 mil desplazados en el país, pero otras estimaciones ubican ese fenómeno en un millón 200 mil’’.