En México, cuando las embarazadas llegan a los hospitales, enfrentan alto riesgo de ser maltratadas verbal o físicamente.

El Grupo de Información en Reprodución Elegida (GIRE) informó que al día 6 mil 800 mujeres están expuestas a la violencia obstétrica, agresión que, asegura, muchas veces es invisibilizada o no es reportada por algunas instancias del sector salud, ya que en el país se registran alrededor de 2 millones 500 mil nacimientos anuales.

En el reporte Violencia obstétrica, señala que estos maltratos y abusos se realizan de forma sutil y naturalizados, y sólo se hacen visibles en casos límite, cuando han ocurrido hechos trágicos, como la muerte de la mujer o del producto en gestación.

“En Chiapas, Mildred no podía salir del hospital si no se ponía un dispositivo intrauterino, el único anticonceptivo disponible, aún cuando tenía pocas horas de haber parido y su cuerpo no se había recuperado. En tanto, Rosa, después de haber perdido el embarazo de 15 semanas, le dijeron que ya estaba muy vieja para tener hijos, pero cuando pidió orientación para usar un método anticonceptivo le respondieron que lo mejor era el no palito.

Asimismo, en el estado de México, a Verónica, por exigir sus derechos durante el parto, los médicos y enfermeras le retrasaron la atención y se burlaron de ella, a tal grado que perdió a su bebé. Éstos son algunos de los casos documentados por la organización.

La asociación civil denuncia que dichas situaciones son violencia obstétrica, la cual también se manifiesta como negación de tratamiento, indiferencia ante solicitudes o reclamos, regaños, burlas, ironías, decisiones médicas sobre el parto que se toman sin su consentimiento, hasta esterilizaciones forzadas.

Incluso señala que estos abusos son producto de un entramado multifactorial, en el cual confluyen las violencias institucional y la de género.

En el informe titulado Omisión e indiferencia: derechos reproductivos en México, publicado por la misma organización, documenta que tan sólo en el periodo 2009-2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 122 quejas –principalmente en contra del IMSS e Issste– relacionadas con malos tratos y/o negligencia médica durante la atención del embarazo, parto y puerperio, a partir de las cuales sólo se emitieron cuatro recomendaciones: tres fueron aceptadas y dos parcialmente cumplidas.

“Para cambiar este panorama, legisladores estatales han resuelto encarcelar a médicos, enfermeras y al personal de salud. Castigarlos diluye la responsabilidad de los Estados de adoptar medidas para garantizar, entre otras cosas, el parto humanizado, que requiere brindar asistencia médica adecuada durante el parto, evitar el recurso excesivo a las operaciones cesáreas y respetar la decisión de la mujer así como sus necesidades específicas y preferencias culturales.

El camino de la criminalización también exime a las instituciones de salud de su obligación de contar con la infraestructura y el material necesario para atender adecuadamente a las mujeres, así como de la capacitación y sensibilización que deben promover entre todo el personal.

Para GIRE el desabasto de anticonceptivos, la sobresaturación de los hospitales y el alto número de cesáreas son asuntos que debe resolver el Estado como parte de un problema integral en la atención en salud.

Hasta febrero de 2015, Chiapas y Veracruz tipificaron la violencia obstétrica en sus códigos penales. Zacatecas y Jalisco cuentan con iniciativas en trámite que van en el sentido de la criminalización.