Buenos Aires.

El jefe de gabinete, Aníbal Fernández dijo este miércoles que el Poder Judicial en Argentina no está para poner límites a los gobierno de turno y agregó que no existe en la Constitución y la legislación argentina ninguna norma que indique que la Justicia tiene esa atribución por sobre los otros poderes, mucho menos con aquellos que hayan sido elegidos por la voluntad popular.

De esta manera Fernández respondió a un inusitado discurso del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien sostuvo que los jueces no gobernamos pero ponemos límites al gobierno de turno, y advirtió que la inseguridad se ha agravado y que el narcotráfico también es un flagelo preocupante, junto con la impunidad.

A esto respondió el martes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al demandar que en lugar de dar tantos discursos contra el narcotráfico, los máximos responsables del Poder Judicial deberían dotar a los juzgados federales y limítrofes de mayor cantidad de empleados, recursos y elementos para que puedan hacerlo eficazmente.

La mandataria encabezó el acto inaugural de un centro de destrucción de armas como parte una política de seguridad general de la sociedad y dos hornos para quemar droga incautada.

También el titular de la Corte Suprema habló de una supuesta embestida del gobierno lo que negó el jefe de gabinete y criticaron diversos organismos políticos y humanitarios, ya que -dijeron- es precisamente la justicia, respondiendo a una evidente agenda opositora y mediática la que obstaculiza una cantidad de medidas gubernamentales.

El ejemplo que la mayoría de los organismos cita es la cantidad de medidas cautelares impuestas por jueces, muy cercanos al poderoso grupo mediático Clarín, impidiendo que éste cumpla los mandatos de la ley de medios, aprobada por el Congreso en 2009.

De la misma manera se ha trabado el nombramiento de jueces y fiscales que faltan en la estructura judicial y en un acto de evidente toma de posición política, se obstaculiza también el nombramiento de un magistrado que debe completar el número exigido para el funcionamiento de la Corte, después de la renuncia del reconocido jurista Raúl Zaffaroni.

La renuncia de Zaffaroni fue en cumplimiento de la edad límite que se considera en la Corte Suprema, para dar un ejemplo, ya que hay un juez como Carlos Fayt, uno de los preferidos del gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999), que cumplió 97 años y continúa en es ese cargo.

La Corte Suprema resiste la cobertura de la vacante dejada por Zaffaroni. La semana pasada en un mismo día los jueces supremos anularon la lista de conjueces nombrados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado y re-re-religieron a Lorenzetti como presidente en una votación adelantada, para que siga ocupando ese cargo desde enero de 2016 hasta 2019”, señalaron los organismos .

La elección para autoridades de la Corte Suprema, que duran tres años, debía realizarse entre octubre y noviembre próximo, pero Lorenzetti justificó su relección anticipada sosteniendo que es importante sobre todo que ante un cambio de gobierno la Corte no sea la Corte de tal presidente, como fue durante toda la historia.

Esto evidencia la tensión que crean estas situaciones entre el gobierno y la Corte Suprema. Son juegos políticos en momentos en que la justicia que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura (1976-1983) tiene en sus listas de responsables y cómplices a una cantidad de jueces en todo el país.

En este caso como en el de los civiles poderosos que están bajo la mira, con pruebas suficientes para ser condenados, los juegos del poder mediático, económico y judicial, se transparentan en estas conductas de ocultamiento y obstaculización.

La Corte no ha dado pasos ante las graves amenazas que han recibido los jueces que están aplicando justicia en causas de delitos de lesa humanidad.

Por estas horas el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, Carlos Rozanski, solicitó a la superintendenia de la Corte Suprema que adopte las decisiones y procedimientos que desmonten el tenebroso dispositivo terrorista que afecta a los jueces y funcionarios y también a los familiares de los mismos.

Este magistrado que lleva juicios muy difíciles en el llamado circuito Camps denunció amenazas contra jueces y funcionarios y esta es la segunda denuncia en poco tiempo.

La anterior estuvo referida a enero pasado, cuando después de que se difundieron los fundamentos de la sentencia del juicio por La Cacha, uno de los temibles centros clandestinos en la Plata provincia de Buenos Aires denunciara ante el juzgado federal número 1 una serie de ataques y amenazas.

En estos días también en La Plata fue baleada la casa de un testigo protegido, dejando herido a un policía de la Federal que cuidaba el lugar.

Al cierre de esta edicion la Cámara de Diputados aprobó una ley que entregará por única vez una indemnización a los familiares de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina, ocurrido en julio de 1994. El Estado pagará un total de 40 millones de dólares a los deudos de los 85 fallecidos en el ataque y los 150 heridos.

La votación se produjo un día después de que el canciller Héctor Timerman renunció como socio a la mutual a la que acusó de obstruir un acuerdo con Irán que, dijo, hubiera permitido avanzar en la investigación del atentado de 1994. El fallecido fuscal Alberto Nisman demandó sin pruebas a la presidneta y a Timerman de encubrir con ese convenio a funcionarios iraníes implicados en el ataque.