omo si su destino fuera estar en trámite permanente, la reforma política del Distrito Federal (DF) ha dado sólo un paso más en su aparente eterno camino hacia su realización. El pasado martes 28 de abril, el Senado aprobó la reforma constitucional que permitiría al DF convertirse en Ciudad de México, y con ello, como las demás entidades de la Federación, contar con una Constitución propia y decisiones en el contexto de la soberanía de sus ciudadanos. El camino elegido por la Cámara de Diputados –en este caso Cámara revisora– para dictaminar la minuta que le turnara el Senado, hace previsible que, salvo la convocatoria a un periodo extraordinario en los próximos meses, la actual legislatura ya no la aprobará, y que este proceso tendría que aguardar hasta el siguiente periodo, ya con otra legislatura, y con una correlación de fuerzas modificada. Lo que conducirá a una resolución poco previsible en este momento. Sin duda, uno de los aspectos que más pesó en los diputados para tomar esa decisión –seguramente más preocupados por los equilibrios partidarios que por la participación ciudadana-, fue el amplio malestar en la opinión pública causado por la decisión de los senadores de añadir una suerte de tutelaje al proceso de elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, al establecer que 40 por ciento de los constituyentes fueran designados por los órganos legislativos federales y por los ejecutivos federal y local, con lo cual reducen por este solo hecho la decisión de los constituidos, es decir la ciudadanía del hasta ahora DF, del 100 por ciento, como ocurre en toda democracia, a únicamente el 60 por ciento, dejando ver con ello la persistencia de una visión que nos ubica como ciudadanos incompletos, tutelados y restringidos en nuestra democracia.

Se trató en este aspecto –corrigiendo la expresión de una senadora– de una decisión de partidos para partidos, cuidando solamente sus intereses. En este caso, que el predominio del partido gobernante a nivel federal compensara el peso que el electorado le ha negado en el ámbito local. Sin embargo, y dicho lo anterior, hay que seguir alertas, para que no por los absurdos entuertos del Senado desechemos la demanda de soberanía para los ciudadanos y ciudadanas del DF, que se expresa en la voluntad firme de tener una Constitución propia, lo que no puede reducirse a un simple acto burocrático ni es solamente un asunto de políticos. Que la sociedad civil lo ha demando de manera categórica y propositiva, queda claro con sólo algunas de las muchas referencias que podrían hacerse. En noviembre de 2013 diversas organizaciones civiles y sociales elaboraron una propuesta de modificación de artículos constitucionales que se convirtió en iniciativa formal, al ser asumida y presentada al pleno por los senadores Encinas, Bartlet, Camacho y Sansores. En esta iniciativa se establecía que la Constitución de la Ciudad de México debía tener como fundamento la garantía de los derechos humanos; ser además elaborada por un constituyente electo por la ciudadanía, integrado por los diversos sectores de la sociedad, exclusivamente para ese fin; asegurar la más amplia participación ciudadana en todo el proceso de elaboración del texto constitucional, y culminar con su aprobación por un referéndum constituyente.

Llama poderosamente la atención que en el dictamen de las comisiones conjuntas del Senado de diciembre de 2014, y contrariamente a lo que establecen los procedimientos parlamentarios, no se haya tomado en cuenta esta iniciativa. Pero, lo peor de todo, que subrepticiamente haya introducido artículos que afectaban fuertemente los derechos laborales no sólo de los trabajadores del DF, sino los de todo el país. Ante ello, de nueva cuenta la sociedad civil se movilizó, denunció esta situación, y, retomando sus propuestas, hizo un llamado público al Senado, suscrito también por el jefe de Gobierno y por organizaciones sindicales y civiles, académicos y abogados laboristas (publicado en La Jornada el 17/4/15), en el que volvían a establecer que la Constitución de la ciudad debe estar orientada por el principio de progresividad en todos los derechos humanos, lo que hace inaceptable cualquier regresión; que la Constitución debe ser elaborada por un constituyente originario electo por la ciudadanía, y que es ineludible la participación de la sociedad civil en todo este proceso. El Senado retomó las dos primeras demandas, aunque la segunda con el dislate señalado, y de la tercera no hizo el mínimo caso. Viendo hacia el futuro, el reto para la ciudadanía es claro: aprovechar la situación generada para presionar por la corrección de los renglones torcidos y sospechosos del Senado, reconociendo también que se avanzó parcialmente respecto del dictamen de diciembre. En primer lugar hay que presionar para eliminar el afán tutelar, y por lo contrario aceptar la voluntad de los electores como el criterio último de legitimidad –como en cualquier democracia que se precie realmente de serlo–, eliminando a los constituyentes designados; y, con la misma importancia, establecer como criterio del proceso constituyente la más amplia participación de la ciudadanía en la elaboración de la Constitución, culminando con la más alta expresión de la voluntad popular, el referéndum constituyente. Sería de esperarse que en esta demanda los senadores que han avalado las propuestas ciudadanas, y el mismo jefe de Gobierno del DF, que suscribió el llamado de las organizaciones civiles y sociales, apoyen el esfuerzo ciudadano por convertir una decisión de partidos en un instrumento ciudadano para la democracia y la garantía de sus derechos humanos.