Señala silencio oficial sobre jornaleros de San Quintín

n relación con la grave crisis que enfrentan los jornaleros mixtecos en San Quintín, Baja California, misma que se suma a la situación de desgobierno que aqueja actualmente a nuestro país, llama la atención el silencio que guardan las instancias federales que tienen responsabilidad directa en el problema. Hasta ahora no se ha sabido de un pronunciamiento de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instancia del gobierno federal que cuenta con antecedentes e información de primera mano sobre la migración indígena desde la década de los 70, cuando se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), en la que jugó un papel central el entonces Instituto Nacional Indigenista, que generó y concentró abundante información sobre las condiciones de la migración familiar de los mixtecos a las tierras del noroeste de México, en particular a los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California, con el pretendido propósito de mejorar las condiciones de vida de los indígenas migrantes, fenómeno que ha producido expresiones inéditas sobre la interculturalidad y que ha incidido directamente en la realidad de los pueblos indígenas y su inserción en la estructura productiva de México. Pero no sólo el INI, también existió el Programa de Jornaleros Agrícolas bajo la cobertura de la Sedesol con similares fines. Ello indica la penosa cortedad de las políticas públicas que siguen, al paso de los lustros, sin lograr una visión integral y orgánica de la nueva relación del Estado con los pueblos indios, y que se manifiesta de manera lamentable en el silencio, inoperatividad y complacencia con los gobernantes en turno, que hoy en día guardan instituciones y programas federales, más alineadas a directrices coyunturales que a cumplir con sus funciones de ley.

n la ciudad de Puebla (llamada ¿irónicamente? de los Ángeles), una joven, Raquel Torres Pavón, fue bárbaramente asesinada. Y no es la única. Hay, indudablemente, responsables individuales que deben ser llevados a la justicia, y ese es un reclamo nuestro y de muchos. Pero ese no es el fin de la historia. Cuando en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los años 90, más de 500 mujeres fueron una tras otra asesinadas, por primera vez claramente apareció una agresión de género masiva, fuertemente vinculada al brusco cambio en las relaciones de género que había traído la modernización neoliberal. Decenas de miles de jóvenes mujeres procedentes de comunidades rurales y serranas del norte de México, empobrecidas por el incipiente neoliberalismo, dejaron de ser las jovencitas de familia y emigraron para pasar a convertirse en la nueva masa proletaria que llenó los galerones de las maquiladoras. El resultado fue mixto: por una parte fueron sujetas a un intensísimo régimen de explotación, con muy bajos salarios, alejadas de sus familias y de su entorno social, pero, por otra, repentinamente tenían un ingreso que las volvía un poco autosuficientes frente al hombre local, en mucho desempleado y marginado. Se emanciparon de alguna manera, pero al mismo tiempo fueron blanco del abuso y del machismo herido que describía un analista.

omo si su destino fuera estar en trámite permanente, la reforma política del Distrito Federal (DF) ha dado sólo un paso más en su aparente eterno camino hacia su realización. El pasado martes 28 de abril, el Senado aprobó la reforma constitucional que permitiría al DF convertirse en Ciudad de México, y con ello, como las demás entidades de la Federación, contar con una Constitución propia y decisiones en el contexto de la soberanía de sus ciudadanos. El camino elegido por la Cámara de Diputados –en este caso Cámara revisora– para dictaminar la minuta que le turnara el Senado, hace previsible que, salvo la convocatoria a un periodo extraordinario en los próximos meses, la actual legislatura ya no la aprobará, y que este proceso tendría que aguardar hasta el siguiente periodo, ya con otra legislatura, y con una correlación de fuerzas modificada. Lo que conducirá a una resolución poco previsible en este momento. Sin duda, uno de los aspectos que más pesó en los diputados para tomar esa decisión –seguramente más preocupados por los equilibrios partidarios que por la participación ciudadana-, fue el amplio malestar en la opinión pública causado por la decisión de los senadores de añadir una suerte de tutelaje al proceso de elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, al establecer que 40 por ciento de los constituyentes fueran designados por los órganos legislativos federales y por los ejecutivos federal y local, con lo cual reducen por este solo hecho la decisión de los constituidos, es decir la ciudadanía del hasta ahora DF, del 100 por ciento, como ocurre en toda democracia, a únicamente el 60 por ciento, dejando ver con ello la persistencia de una visión que nos ubica como ciudadanos incompletos, tutelados y restringidos en nuestra democracia.

esde finales de marzo los campesinos de la provincia Islay, en la región Arequipa, sur peruano, enfrentan a una de las más poderosas multinacionales mineras, Southern Copper, que pretende abrir una mina de cobre en el valle de Tambo. A lo largo de más de un mes han contando con la solidaridad activa de los trabajadores de la construcción, profesores y pobladores urbanos de la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa.

uando María Sabina oficia el rito de los hongos alucinantes allá en la montaña de Huautla de Jiménez, Oaxaca, dice una letanía.