os reclamos de los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de los jornaleros de San Quintín encabezaron la movilización del pasado Primero de Mayo; la sociedad, en sus distintas expresiones, hizo causa común para protestar ante estos agravios.

Se hizo presente la Alianza de Jornaleros, que representa a los trabajadores del campo en la región del noroeste del país, al margen de los sindicatos charros que los empresarios les han impuesto contra su voluntad, como ocurre en muchos otros lugares. El movimiento jornalero ha cimbrado conciencias e indignación cuando la población se entera de su forma de vida, condiciones de trabajo y de los múltiples abusos que sufren; también ha logrado solidaridad creciente, no sólo en México, sino también con nuestros vecinos del norte. Ello preocupa a los empresarios, sobre todo cuando confirman que sus tácticas para desalentarlos han fracasado; también por los posibles obstáculos que tendrán sus planes de expansión productiva hacia diversos mercados, entre ellos, Asia y particularmente, China.

Los gobiernos, tanto en el ámbito federal como local, han equivocado su estrategia. Pretenden aplicar la misma táctica con que en el pasado han combatido a los sindicatos democráticos; sin embargo, todo indica que esta vía fracasará; el grado de explotación de los jornaleros es extrema; la movilización está sustentada en paros activos, regresan al trabajo y al mismo tiempo se movilizan; tienen una visión de largo plazo y su red organizativa tiene componentes culturales que le dan una especial consistencia. Han tenido la sabiduría de cobijarse en una organización que llegó para quedarse, La Alianza por la Justicia Social, denominación que habla por sí misma.

Dichos gobiernos no han entendido la dimensión de este movimiento que concita una simpatía popular inmediata. La incapacidad gubernamental ha sido evidente; por ejemplo, el pasado 24 de abril, cuando el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, y el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, convocaron a una reunión en San Quintín para plantear respuestas al pliego de peticiones formulado desde el inicio del movimiento. Los funcionarios se hicieron acompañar de decenas de empleados públicos de los tres órdenes de gobierno; Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; locales y federales, incluidos legisladores e integrantes de los organismos de derechos humanos. Antes de la reunión, calificada por el gobernador de histórica, se había desarrollado una marcha de miles de jornaleros, hombres, mujeres y niños, que esperaban en un terreno cercano la solución prometida.

Muy pronto quedó claro que los representantes gubernamentales no tenían propuesta alguna; se trataba de una táctica dilatoria más. Después de prohibir el acceso a la prensa, a pesar de que los jornaleros lo habían solicitado, el gobernador del estado planteó a los dirigentes de la Alianza: Tienen la palabra; ya estamos aquí. Dígannos cuáles son sus peticiones, como si no las conocieran después de mes y medio de paros y movilizaciones. Los líderes del movimiento, con la seriedad y dignidad que los caracterizan, informaron que en primer lugar reclamaban la liberación de los detenidos y un incremento salarial; exigieron también solución frente a las injustas condiciones de trabajo y la omisión, por parte de los patrones, del pago de vacaciones, séptimo día y prestaciones de ley. Los representantes gubernamentales volvieron a hacer preguntas, como si la lucha se hubiera iniciado ese día: ¿cómo se llaman los detenidos?, ¿cuál es el incremento solicitado?

Después de múltiples vaguedades, tendientes a desviar el tema central del reclamo salarial que los jornaleros debieron repetir varias veces, el subsecretario Miranda cerró la reunión, señalando que necesitaban 15 días para dar una respuesta y que tenía prisa por regresar a la ciudad de México, por lo que se permitiría el acceso a la prensa para informar del acuerdo. ¿Cuál acuerdo?, preguntaron los jornaleros. Finalmente, los representantes gubernamentales, antes de salir en tropel junto al resto de los funcionarios, ratificaron que para el 8 de mayo habría una respuesta integral y que para ello se pondrían en contacto con los empresarios, agregando que se canalizarían recursos federales para facilitar la solución. Ese día se sabrá si se trata de una táctica dilatoria más; si es así, se perdería una oportunidad de oro para que ambos gobiernos recuperen la credibilidad que han perdido ante la sociedad, especialmente por este conflicto que han pretendido desdeñar.

En otro espacio del país, también este Primero de Mayo, se celebró el aniversario 41 de la huelga de Cinsa-Cifunsa de Saltillo, movimiento que congregó a unos 5 mil trabajadores que protestaron por los abusos laborales del Grupo Industrial Saltillo y el charrismo de la CTM, hechos que fueron narrados por Manuel Camacho Solís en el trabajo Un intento de regeneración obrera, la huelga de Saltillo. En este contexto se llevó a cabo un reconocimiento a la lucha incansable en favor de los derechos laborales y cívicos de Nelly Herrera, una mujer que ha sido ejemplo de entereza y constancia para muchas generaciones, quien ha militado desde hace más de cuatro décadas en el Frente Auténtico del Trabajo y en Alianza Cívica. Pedro Pantoja, un sacerdote de los que se toman muy en serio el evangelio apoyando a los migrantes en su riesgosa travesía, fue el convocante; Jaime Cárdenas Gracia y Sergio Aguayo, junto con otros compañeros de Nelly, dieron testimonio de esa vida ejemplar, que brilla con especial intensidad en estos tiempos llenos de sombras.