Con los nuevos criterios que instauró el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para obligar al Instituto Nacional Electoral (INE) a dar derecho de audiencia a los precandidatos que pretenda sancionar, la Comisión de Fiscalización del instituto adecuará sus tiempos y prácticas de revisión de gastos de precampaña, tanto para acatar en los casos en que los magistrados ordenaron reponer el procedimiento como para aplicarlos en el resto de precampañas que aún no se han revisado.

En reunión de trabajo con los partidos políticos, el presidente de dicha comisión, Benito Nacif, dijo que, sin duda, esto hará un poco más complejo el proceso, pero el INE deberá garantizar ese derecho, aunque no lo hará por medio de presencia física, sino mediante escritos que los precandidatos involucrados remitirán al instituto por conducto de los partidos. Para ello, dispondrán de 48 horas a partir de que sean notificados.

El pasado lunes, el TEPJF revocó las sanciones que impuso el INE a precandidatos federales y locales de PRD y Movimiento Ciudadano, por considerar que este organismo no les respetó su derecho de audiencia. El INE había ordenado cancelar el registro como candidatos de algunos de ellos (aunque varios no habían alcanzado la candidatura de su partido), lo cual quedó anulado hasta que se garantice el debido procedimiento.

Nacif reconoció que la decisión del TEPJF es justa, pues establece que si a alguien se le va negar el derecho a registrarse como candidato o eventualmente, al término de la elección se le anule el triunfo por imcumplimientos en los informes de gastos, debe tener garantizado su derecho de audiencia.

Sin embargo, en el caso de los precandidatos, son demasiados, por lo que buscarán esquemas alternos que agilicen la revisión en las precampañas que aún faltan (poco menos de la mitad) y se garantice el derecho de audiencia.

–¿Esto hará más complicado el procedimiento?

–Siempre garantizar derechos no te facilita las cosas, pero se tiene que hacer porque es un derecho. Una de las preocupaciones es que vía impugnaciones extienden los plazos más allá de los posibles para fiscalizar los informes. Si los entregan una vez que ya se cerró el trabajo de fiscalización, se tienen que reabrir nuevamente fuera de plazos.