La comisión del PRD que investigó la postulación de José Luis Abarca a la alcaldía de Iguala, Guerrero, planteó en su informe final que el ex secretario de Gobernación Alejandro Poiré no informó al partido que había habido una denuncia anónima contra el ex edil y su esposa, María de los Ángeles Pineda, por enriquecimiento con recursos del crimen organizado.

Lo anterior, después de que el entonces presidente del PRD, Jesús Zambrano, solicitó a la comisión investigar si tenían vínculos con uno de los grupos de los hermanos Beltrán Leyva.

En esa investigación, la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que no era procedente el ejercicio de la acción penal contra la pareja, ahora acusada de ordenar los ataques contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, cometidos en septiembre pasado en Iguala.

En el documento de 43 páginas, los integrantes de la comisión perredista, encabezada por Pablo Gómez, retomaron dichos de Óscar Díaz Bello –quien contendió contra Abarca en el proceso interno por la candidatura– de que entregó a Zambrano y a Andrés Manuel López Obrador un expediente que contenía reportes periodísticos acerca de la relación del matrimonio con el cártel Guerreros Unidos.

De igual manera, a partir de entrevistas con diferentes protagonistas, la comisión dio a conocer que el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero decidió que Abarca fuera candidato a presidente municipal, a pesar de que Díaz Bello estaba dos puntos arriba en las encuestas.

La comisión refirió en su informe que se entrevistó con el ex alcalde en el penal del Altiplano, donde Abarca confirmó que conoció a Lázaro Mazón, aunque negó que él le hubiera dado la candidatura.

En la conversación también les dijo que miembros de Nueva Izquierda-Coduc, y en forma personal Sebastián de la Rosa, lo invitaron a ser candidato.

Los otros dos integrantes de la comisión, Pablo Franco y Octavio Cortés, señalaron que la decisión de Abarca de pasar al ámbito de la política de la mano del PRD pudiera deberse a una indicación de un trato con el grupo delincuencial al que pertenecieron los hermanos de su esposa.

Mencionaron que no existe al respecto más que la hipótesis sostenida en el comportamiento de la policía municipal durante la tragedia de Iguala y la del propio Abarca aquella noche (cuando ocurrieron los ataques contra los normalistas).

En el documento cuestionaron que los hechos derivados de la postulación del ex edil no se hayan debatido públicamente en ningún medio, asamblea o reunión dentro o fuera del PRD en el municipio o en Guerrero.

Ese hecho es especialmente perturbador, pues niega de plano cualquier parte del objeto para el cual se organiza y actúa un partido político de izquierda: el análisis de la situación social y política y las propuestas de solución de los problemas que afectan al pueblo.

Acerca de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas, señalaron que el ex titular de la PGR Jesús Murillo Karam “no intentó sacar conclusiones sobre los motivos de los actos criminales ni sobre la relación entre las personas que intervinieron directa o indirectamente en los hechos.

El caso, al parecer, está cerrado en cuanto a investigaciones propiamente dichas, y todo lleva a dejar en la oscuridad la relación de hechos y de personas involucradas en los mismos. Existen policías de Cocula sometidos a procesos penales, pero el presidente municipal, jefe de éstos, se encuentra desempeñando su cargo sin que su partido, el PRI, haya hecho siquiera alguna declaración al respecto.