scudándose en el recorte presupuestal que sumará 10 mil millones de pesos y después de 26 meses de publicitarla como la reforma que sigue, en febrero de 2015 la secretaria Mercedes Juan enterró el mito de la salud universal que había dictado –sin consulta alguna– la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), con el aval de Peña Nieto. Por el momento, sostuvo, no habrá reforma.

Desarmado, el actual subsecretario de la Secretaría de Salud (Ssa), Eduardo González Pier –sustituto de Mercedes Juan en la presidencia de Funsalud–, diseminó las últimas migajas de ese mito, al reconocer que la universalidad se construye en distintos frentes.

Todo lo contrario de lo que durante meses propaló la secretaria Juan. Para González Pier, ahora la agenda mínima del fracasado proyecto consiste en transformación: esa es la meta de la Ssa, pero ¿de qué? Según él, no sirven los cambios al marco jurídico, ni presupuestal, si antes no existe el andamiaje administrativo, de infraestructura y recursos humanos que garantice la prestación de servicios. ¿Y por qué, entonces, no empezaron por ahí su, ahora, fracasada reforma? Los pacientes y equipos de salud que brindan la atención se hubieran ahorrado 26 meses ¡perdidos! Eso fue, precisamente, lo que Peña esquivó en campaña presidencial y los primeros dos años de gobierno, al ignorar las dos demandas ciudadanas más robustas: mejorar servicios ¡ya! y ampliar el catálogo de prestaciones a la altura del ciudadano del siglo XXI. Peña ubica la política pública en el año ¡2012!

Según González Pier, para esa transformación no se requiere cambiar la ley, sino que las instituciones logren convenios administrativos y económicos. Obviamente, se llega a un punto en que se requieren nuevos marcos jurídicos, pero aunque no se tengan se puede avanzar en la universalidad.

El 7 de abril, al celebrar el Día Mundial de la Salud, Enrique Peña Nieto insertó en su pobre discurso una oscura afirmación: El gobierno de la República tiene varias metas por delante, las que señalamos desde el principio de esta administración, para las que hemos construido distintos medios, formas a través de reformas, a través de políticas, a través de programas.

¿Qué significa formas a través de reformas? Significa una ruta para universalizar de facto, sin cambio legal, ciertamente no clandestina, pero sí dónde todo se vale –frente al frustrado proyecto de Funsalud, avalado por Peña– para cumplir los programas invocados desde el principio de esta administración.

¿Cómo cuáles? Los convenios de intercambio de servicios IMSS-Oportunidades-Seguro Popular en Chiapas, Oaxaca y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; el Convenio Marco IMSS-Issste-SS-Baja California Sur, que homologa y habilita el intercambio de 819 servicios interinstitucionales (2013); Querétaro y Durango (2014); el convenio de colaboración para que IMSS-Oportunidades asuma el Seguro Médico Siglo XXI, con recursos del Seguro Popular (2013); la modificación por el consejo técnico para cobro de cuotas del Seguro de Salud para la Familia (2013); el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas (2012), y el Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios Ssa-IMSS-Issste (2011).

La asociaciones público-privadas, para sustituir el hospital general Gonzalo Castañeda de segundo nivel, en Tlatelolco del Issste, con costo de mil 200 millones de pesos y el hospital regional de Mérida, así como la oferta de Lerdo de Tejada para que el instituto se incorpore a la propuesta de Peña de iniciar la integración funcional del sector: Por ahora no está en los planes construir más hospitales, sino aprovechar al máximo los recursos disponibles en el país y que pueda haber intercambio de servicios entre las diferentes instituciones.

El decreto DOF 4.6.14 con la reformas de Peña al Seguro Popular, su reglamento DOF 17.12.14 y el acuerdo DOF 24.04.15, que establece la compensación económica entre entidades, instituciones y establecimientos del sistema nacional de salud; el expediente clínico electrónico de Mancera y Ahued levantado con recursos del Seguro Popular; el hospital universal de Mercedes Juan en Sonora, y el rediseño del fracasado proyecto de hospitales regionales de alta especialidad porque sólo atienden a 6 por ciento de la población.

Para decirlo en el lenguaje de Lerdo de Tejada, director del Issste: La dilación en la prestación de servicios, principalmente en las operaciones quirúrgicas, es una queja recurrente, que ha existido durante años y no se ha resuelto por falta de planeación y de organización administrativa interna. No existe justificación y es inhumano que el médico le diga a un paciente que requiere una cirugía, pero que se la realizará en los siguientes cuatro o cinco meses. Si en la clínica que le toca al derechohabiente no se puede, hay mil 300 unidades médicas en el país; se puede trasladar a cualquiera para que el procedimiento se realice en un plazo máximo de 15 días. En caso de incumplimiento se fincarán responsabilidades y las sanciones que correspondan. Habrá consecuencias internas si hay quejas.

En lo que Mercedes Juan fracasó para imponer por vía legal, Peña Nieto lo ordena, de facto, mediante programas, proyectos y metas. Con esta universalidad programática, los impactos sobre pacientes y equipos de salud son inmediatos: hacer más con menos. El costó lo pagará el triunfador de la elección 2018: empezará de cero. Como en otras áreas de la vida social, el proyecto de modernización excluyente de Peña se hundió estrepitosamente con altos costos para las mayorías nacionales.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco