tro factor que erosiona gravemente la frágil democracia en la que nos encontramos tiene que ver con el relativo estancamiento económico que ha sufrido el país en más de dos décadas. Ha habido breves momentos de crecimiento en algunos años. La tendencia, empero, es al estancamiento, con grave crecimiento de la informalidad, persistencia de la pobreza, desigualdad social, endeble mercado interno y mucho más etcéteras.
La caída abrupta del precio del petróleo y el entorno internacional poco favorable ha generado dos anuncios desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Uno, que regresamos a la vieja historia de recortes presupuestales. Otro, que puede ser una novedad si en verdad se hace, que sería partir de un ejercicio de presupuesto base cero.
A fines de enero el secretario Videgaray planteó: Que nos atrevamos a identificar aquéllas áreas que representan duplicidades; aquéllos programas que no cumplen con sus propósitos, que no tienen los niveles de rentabilidad social que las evaluaciones exigen, que tengan, o que tienen, impactos regresivos en materia de distribución del ingreso y la riqueza.
Con todo y lo necesario que implica lo anterior, varios analistas y centros de estudios han llamado la atención sobre los problemas de rigidez del presupuesto y la necesidad de contemplar un ejercicio de esa naturaleza a lo largo de un horizonte de varios años (ver por ejemplo el análisis del CIEP http://ciep.mx/wp-content/uploads/2015/04/base-cero1.pdf). Hay desde luego, a pesar de todo, mucho de donde cortar, sobre todo en el gasto corriente, que de acuerdo con el documento oficial denominado Precriterios de política económica para 2016 creció entre 2000 y 2013 a una tasa real anual promedio de 5.2 por ciento y llegando a 15.2 por ciento del PIB
. Aun así hay que precaverse contra la idea simplista que todo gasto corriente es ineficiente; sin cierto tipo de gasto corriente el gasto en inversión tiende a rezagarse aún mas de lo que ya está.
Pero asumiendo la necesidad de racionalizar el gasto público, ésta puede ser una condición insuficiente para salir del estancamiento económico. Se necesita, como todos sabemos, dinamizar el mercado interno e impulsar la inversión pública. Esto es un tema más de política y de coaliciones que sólo de sumas y restas, como nos recordó Rolando Cordera hace dos semanas.
Entre organizaciones campesinas, grupos rurales, académicos y organismos multilaterales ha sido casi un mantra demandar un presupuesto base cero para el gasto rural por tres razones. Primero, porque los subsidios agrícolas son altamente regresivos y benefician más a los que menos necesitan. Segundo, porque la completa desconexión entre la política social y la política de fomento productivo en el medio rural daña a ambas y hace que todos los subsidios progresivos como lo de Oportunidades-Prospera sean completamente cancelados con la política regresiva del gasto agropecuario. Tercero, porque tanto la política social como la de fomento productivo adolecen de una gran dispersión en sus programas y falta de real focalización, lo que propicia duplicación, cobertura limitada y poca claridad en los objetivos a alcanzar. A lo anterior se añade que a falta de mecanismos claros y transparentes de rendición de cuentas, la corrupción se ha multiplicado donde más cuidado debería haber con los recursos públicos.
El problema central empero es que no hay una verdadera política pública que articule el combate a la pobreza rural con el fomento productivo.
Es decir, un presupuesto base cero para el ámbito rural deberá partir de una misión central: erradicar la pobreza rural a partir del propio esfuerzo de los pobres rurales aprovechando su enorme potencial productivo. Para esto la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y Ia Competitividad, recientemente aprobada en el Congreso de la Unión, puede constituirse en el marco adecuado.
