Un juzgado federal con sede en Nuevo León dictó sentencia favorable que protege el derecho humano a la educación gratuita que imparte el Estado en beneficio de una estudiante de bachillerato a la que se condicionaba continuar sus estudios al pago de inscripción o reingreso.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que el juzgado segundo de distrito en materia administrativa, con sede en Nuevo León, dictó sentencia con base en el principio constitucional que garantiza el derecho humano a la educación media superior gratuita que imparte el Estado, así como en diversos instrumentos internacionales.

El juez Juan Marcos Dávila Rangel concedió la protección de la justicia federal a una alumna de bachillerato a la que se pedía pagar inscripción cada semestre para seguir estudiando, como le fue impuesto por la Universidad Autónoma de Nuevo León, su consejo universitario y el director de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón de la unidad Guadalupe. El órgano jurisdiccional determinó que vulneraron los derechos de la quejosa.

Consideró que las autoridades responsables antes citadas resultan conculcatorios del derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se amparó a la estudiante para el efecto de que las mencionadas autoridades responsables, siguiendo los lineamientos de la presente sentencia, permitan el acceso gratuito durante el resto de su educación media superior, siempre que cumpla con las condiciones académicas aplicables; de igual manera, restituyan la cantidad que la parte quejosa tuvo que pagar por concepto de reingreso o reinscripción al periodo educativo enero-junio 2015.

Es la segunda ocasión que una universitaria consigue la protección de la justicia federal, ya que en abril pasado fue concedida una medida similar a una alumna de biología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tras promover un recurso contra el cobro de cuotas de inscripción y reinscripción.

En ese caso el juzgado determinó que la falta de recursos de la institución educativa no justifica que se violente la Constitución de esa entidad, la cual garantiza expresamente que la educación media superior y superior son gratuitas.