México no cuenta con normativa que permita una actuación integral de las instancias correspondientes cuando algún fenómeno natural azota las costas nacionales. La falta de esa regulación permite también que se pueda lucrar con estas zonas, aprobar megaproyectos que pueden romper el equilibrio ambiental y hasta el saqueo de arena.

Así lo expresó en entrevista María del Carmen Carmona, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México especializada en temas jurídico-ambientales.

La investigadora planteó que en lo que va de esta legislatura, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado –presidida por Ninfa Salinas– se encuentra congelada una iniciativa de ley de costas, donde se establecen los lineamientos sobre las reacciones de los tres órdenes de gobierno de manera coordinada ante las consecuencias causadas por fenómenos como huracanes o el mar de fondo, que ocurre en las costas del Pacífico mexicano desde el sábado de la semana pasada.

Si esta ley estuviese vigente ya contaríamos con una regulación que permitiera enfrentar de manera coordinada este fenómeno natural (el mar de fondo) y la devastación en la zona costera.

Falta orden en las costas

Actualmente las costas mexicanas son un absoluto desorden, ya que no existe autoridad costera, la Federación sólo puede intervenir en 20 metros en la denominada zona federal marítimo-terrestre, y los estados y municipios actúan sobre estos territorios con base en las decisiones de los gobiernos en turno.

Dijo que si bien se cuenta con varias leyes que regulan parte de lo que sucede en la zona costera nacional, cada una atiende su ámbito de competencia y no pueden aplicarse de manera integral.

La iniciativa de ley general de costas se basa en el manejo integral de las zonas costeras mexicanas. Es un esquema estratégico de gestión para que ante huracanes, mar de fondo, proyectos o megaproyectos, estrategias de desarrollo portuario, pueda darse un manejo integral donde intervengan la Federación, así como los 16 estados y los 156 municipios costeros.

Para la especialista, en esta coordinación gubernamental también se debe sumar el apoyo de habitantes de estas regiones, inversionistas y hasta de visitantes. Esto porque en varios puntos costeros no son sólo turísticos, sino que hay personas que ya se han asentado ahí y su vida se ve afectada ante cualquier desastre.

Pensemos en Acapulco, que se ve como un municipio eminentemente turístico, pero en realidad ahí viven más de un millón de habitantes. Cualquier ciudad de un millón de habitantes requiere infraestructura, servicios, vialidades y otros elementos para la vida.

Enfatizó que los efectos del mar de fondo, de algún huracán o de la destrucción ambiental para la construcción de un proyecto hotelero no sólo son los inmediatos, sino que se extienden por largos periodos y perjudican a gran parte de la población, particularmente en la salud y lo económico, por la falta de agua, electricidad y servicios, entre otros.

Hoy día algunos municipios tienen regulaciones que impiden la edificación de megaproyectos, mientras en otros se permiten; además, de las 16 entidades costeras, muchas no se consideran así, y dejan de lado posibilidades de desarrollo.

Los estados deben generar política costera local; los municipios, contar con elementos para mejor coordinación ante fenómenos naturales, megaproyectos o comercio internacional a partir de muelles y puertos. Debemos crear modelos normativos para que las decisiones sobre las costas sean en un mismo sentido; si nos enfocamos a tener un rencuentro con la identidad costera, podríamos tener otro México.

Carmona aseveró que la ley de costas brindaría un esquema para definir qué hacer con esas zonas. ¿Cuántos puertos necesita México, cuántas zonas turísticas más se requieren, se deben permitir construcciones hoteleras, campos de golf? Esto nos daría la norma. Por ello, la especialista confió en que el Senado retome la iniciativa a fin de que en breve pueda aprobarse.