a autorización senatorial para permitir al gobierno de Barack Obama una aprobación rápida del Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) se quedó ayer a ocho votos de ser aprobada, lo que impedirá a la Casa Blanca adherirse a ese instrumento internacional a corto plazo, como eran los planes presidenciales. Sin la aprobación legislativa al fast track que deseaba la Casa Blanca, el documento deberá pasar por una larga fase de negociaciones políticas en el Capitolio y, por ende, perderá impulso y oportunidad entre los gobiernos que desde hace más de cinco años buscan crear una zona de libre comercio en la cuenca del Pacífico: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, además del vecino del norte.
Es una buena noticia, porque el retraso estadunidense presionará al resto de los socios en ciernes a actuar con mayor transparencia en la gestación de un pacto cuestionado por sus implicaciones negativas para las sociedades involucradas. Se ha señalado en diversas ocasiones que el ATP está diseñado en primer lugar para dar libertad total a los capitales privados en detrimento de las autoridades nacionales y de las poblaciones, en materias tales como los derechos de autor y las patentes, las inversiones, los movimientos financieros y la regulación opresiva de Internet, y en segundo, para marginar a China y a Rusia de los flujos comerciales y financieros en la cuenca del Pacífico.
En años y meses pasados este diario ha dado cuenta, con base en documentos que le han sido proporcionados por Wikileaks, de las graves implicaciones que podría tener el ATP en nuestro país, particularmente por las graves concesiones que conllevaría en materia de soberanía y por las limitaciones que impondría al diseño y la aplicación de políticas públicas favorables a la población.
Los riesgos del acuerdo mencionado son tan serios que los gobiernos participantes optaron por negociarlo en el más estricto secreto y de espaldas a sus respectivas opiniones públicas. La opacidad del proceso llega hasta tal grado que una de las condiciones del acuerdo es que se mantenga clasificado durante cuatro años contados a partir de su entrada en vigor, o bien a partir de un fracaso de las negociaciones. Se trata, en suma, de un convenio lesivo y políticamente impresentable, y la postergación forzada de su aprobación por el Legislativo estadunidense representa un alivio para el conjunto de las naciones participantes.
Cabe esperar que la negativa del Capitolio al fast track obligue a los negociadores a debatir y convenir el ATP a la luz de la mirada pública en las diversas naciones a las que se pretende vincular mediante este instrumento, y que el momento político evolucione y haga posible una reformulación radical del documento sobre bases más equitativas, soberanas y equilibradas. Porque, en su versión actual, el ATP es un peligro.
