n enfrentamiento entre presuntos grupos rivales del crimen organizado en el poblado de Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, Guerrero, dejó un saldo de 10 personas muertas y 20 lesionadas. Se trata del más reciente de una sucesión de hechos violentos que han sacudido a esa entidad; otro botón de muestra es la información dada a conocer antier en estas páginas sobre el plagio de decenas de personas entre el 9 y el 14 de mayo en el municipio guerrerense de Chilapa de Álvarez, durante la incursión de la autodenominada policía comunitaria a esa cabecera municipal. Estos hechos se suman al asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, ocurrido el primero de mayo, así como al homicidio, el 10 de marzo, de la precandidata del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, quien fue decapitada por presuntos integrantes del crimen organizado.
Los hechos de violencia referidos dan cuenta de que Guerrero vive un clima de ingobernabilidad y ausencia del estado de derecho, que adquirió proyección nacional a raíz de los estremecedores hechos del 26 de septiembre del año pasado en Iguala –cuando se produjo el asesinato y desaparición de normalistas de Ayotzinapa–, pero que es resultado de un abandono oficial de muy larga data, similar al que se ha registrado en otras convulsionadas entidades, como Tamaulipas y Michoacán.
Así, a pesar de los esfuerzos oficiales por minimizar el impacto de la inseguridad en la percepción social, la violencia y el descontrol delictivo siguen afectando a la población en diversas regiones del territorio nacional, y da la impresión de que el empeño por desviar la atención de tales problemas no logra más que acrecentarlos.
Es significativo, al respecto, que un reporte reciente del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, difundido ayer, considere las sucesivas oleadas de violencia
en varias regiones del país como uno de los conflictos armados más mortíferos del mundo, sólo por detrás de los que tienen lugar en Irak y Siria.
Más allá de los virajes discursivos y en la comunicación social del actual gobierno, lo cierto es que a dos años y medio de su inicio no ha habido en los hechos un cambio real con respecto a la estrategia errática y contraproducente de seguridad adoptada por la pasada administración. Por el contrario, hechos como los de Iguala, Tlatlaya, Chilapa y Tlacotepec dan cuenta de una continuidad en la cuota diaria de enfrentamientos y asesinatos legados por el calderonismo.
Frente a esa circunstancia, es urgente que los responsables de la conducción política del país, y la clase política en general, adopten el cese a la violencia como una prioridad y la inserten como elemento central en el debate público. Mantener una visión cosmética de la realidad en ese rubro representa un lastre fundamental para atender los clamores ciudadanos de paz, contención del baño de sangre en curso y combate a la criminalidad con base en una estrategia inteligente, responsable y respetuosa de los derechos humanos y de las garantías de la población.
