Los ministros de Medio Ambiente de México y Canadá, con el voto en contra de Estados Unidos, acordaron no realizar una investigación a fondo sobre la autorización ambiental del gobierno mexicano a desarrollos turísticos en el Golfo de California, a pesar del riesgo que implica para ecosistemas como manglares y áreas naturales protegidas.

El consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) –formado por los ministros de Medio Ambiente de México, Canadá y Estados Unidos– tomó esta decisión el 19 de mayo, a pesar de que el secretariado de la CCA recomendó hacer un expediente de hechos sobre presuntas omisiones en la aplicación de la ley para la autorización que dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a tres proyectos.

Se trata de los desarrollos aprobados entre 2008 y 2010 Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu, de Fonatur, en Sinaloa, al lado de la reserva Marismas Nacionales, así como Entremares y Paraíso del Mar, ubicados dentro de la bahía de la Paz, en la barra arenosa el Mogote, donde hay zona de manglares.

En la petición que hicieron organizaciones ambientalistas a la CCA, también incluyeron el proyecto Cabo Cortés, al lado del parque nacional Cabo Pulmo, que ya fue cancelado.

Las organizaciones Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Sumar y Costa Salvaje, entre otras, señalaron que en la autorización de esos proyectos hubo violación a la legislación ambiental. Argumentaron que, entre otras omisiones, en la manifestación de impacto ambiental las autoridades no utilizaron la mejor información disponible; no se aplicaron medidas precautorias, mitigación y prevención, y tampoco se tomaron en cuenta las declaratorias de áreas naturales protegidas.

Según la resolución del consejo de la CCA, el gobierno mexicano sí cumplió con la normatividad ambiental, se adoptaron medidas de mitigación, los proyectos se pueden evaluar por partes y se tomó en cuenta la mejor información, entre otros puntos.

Sobre esta determinación, Sandra Moguel, abogada de AIDA, consideró que es una decisión muy desafortunada; el expediente de hechos no implicaba recomendaciones o un castigo para México, sino la oportunidad de que el país mejore su herramienta de evaluación de impacto ambiental.

El gobierno mexicano puso en riesgo el Golfo de California al autorizar en la zona tres megadesarrollos que violan su legislación ambiental, pero no rendirá cuentas al respecto pues logró, con apoyo de Canadá, evitar que el hecho sea investigado, agregó AIDA.