os sucesos de Tlatlaya, Iguala, Reynosa, Operativo Jalisco, Chilapa y muchos más han puesto en evidencia que los medios de inteligencia del gobierno son muy limitados en su diseño y operación. Juzgadas por separados sus agencias, quizá fueran efectivas, pero carecen de una visión de conjunto, sistémica.
En 1985 se inició el Sistema Nacional de Inteligencia con la creación del Disen, que desde ese momento anticipaba su transformación en Cisen. Con una perspectiva global, tenía una concepción de eficiencia por la vía de la especialización de las partes y la coordinación y la cooperación del conjunto. El mandato era de un enfoque sistémico, como debe ser el de la seguridad nacional.
Para entonces el crimen de gran calado ya se había acreditado como un tema de la propia seguridad nacional. Consecuentemente, un deber de la inteligencia fue servir a este segmento, pero nunca, nunca, a costas de nulificar la atención al resto de los vitales intereses de la seguridad nacional, como sucede ahora.
Era evidente en esos días (1985) cómo el cambio de ruta del narcotráfico colombiano hacia el sureste de Estados Unidos, que se hacía vía las Antillas, al ser modificado afectaba a Centroamérica y a México. Esa fue una de las razones poco explicadas de la detonación del narco en nuestro país. Años después vendrían los maras salvatruchas salvadoreños y más delincuencia centroamericana que era generada por la explosión de violencia en esa región, con mucho auspiciada por el narco mexicano al que se asoció.
Consecuentemente, en el siguiente sexenio se proyectó crear dos centros más: 1) Cendro, que tenía a su cargo exclusivamente la tarea conducente al control de drogas, y 2) el Centro Nacional de Inteligencia Criminal (Cenic), que sólo llegó a concebirse.
El mandato del Cenic sería el desarrollo de la inteligencia criminal experta en la persecución del delito federal de gran calado, cooperando con y beneficiándose de otras agencias investigadoras federales y locales en materia de inteligencia migratoria, de comunicaciones, aduanera, financiera, militar, naval, policiaca y otros que cooperarían satelitalmente.
El propósito del Cenic sería ser el antagonista de los delitos más delicados, de mayor antisocialidad: integración de bandas gansteriles mexicanas o mixtas, tráfico ilegal de personas, secuestros, extorsiones, lavado de dinero, tráfico de armas, de precursores, terrorismo y otros delitos, de cuello blanco
y no.
Cubriría además a ese nicho de delincuencia trasnacional que es la criminalidad regional, entendiéndose al sur de Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica, sin desatender el de origen del crimen abiertamente extranjero.
Fortalecería sus condiciones de relación con los organismos internacionales especializados como Interpol y Europol y los homólogos de otros países, con los que se habían llevado relaciones poco significativas y casi siempre con un carácter subordinado.
Con el Cenic se proyectaba ingresar en el club de la inteligencia de señales, que entonces era exclusiva de las grandes potencias pero confluía ya como una meta factible. Ya se había demostrado con la innovación informática de Cisen y Cendro que éramos plenamente capaces de manejar alta tecnología.
Hoy la explotación de la inteligencia satelital y el uso de drones plenamente nacionales y autónomos sigue siendo una fantasía. Nos beneficiamos de ellos cuando conviene a Estados Unidos, pero siempre se da sometido a su interés.
Los gobiernos posteriores no recogieron el modelo de un Cenic. Se desestimó el proyecto. Se despreció la idea y con el tiempo se creó la costosísima Plataforma México, que resulta por lo menos mal ubicada, ya que no sirve a la PGR en sus tareas de persecución del delito, sino a la Secretaría de Gobernación, que así resultó sustituta parcial de la menguada procuraduría, si no véase hoy (22 de mayo) lo que pasa en Chilapa.
La concepción del gobierno actual sobre una supuesta inteligencia criminal fue simple y corta. No identificaron que el gran crimen es tarea de la seguridad nacional, pero que es sólo una de tantas: supuso que era ingenioso el transformar al inconcluso sistema nacional de inteligencia en una comisaría del crimen. Así nos ha ido.
Esa visión tuvo dos efectos: 1) anular un esfuerzo de 30 años por lograr un recurso de inteligencia indispensable, de carácter integral; 2) improvisar la corresponsabilidad de esfuerzos sin especialización en la tarea criminal, con los trágicos resultados vistos, logrando así el ejercicio inarmónico, desintegrado, del aparato costoso y poco eficiente que hoy padecemos.
Pensar en una revisión, en una recomposición, en la aceptación de que todo es perfectible, sería ilusorio. Este gobierno nunca se equivoca. Lo que trasciende como preocupación que va más allá del hoy y del mañana inmediato es si seguiremos patrocinando una práctica deforme, costosa e ineficaz, con los altísimos daños políticos, jurídicos, humanos y financieros que produce. Así, nos esperan altos costos y largos plazos de frustración. ¿Cuántos Chilapas más?
