e acuerdo con datos difundidos ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los ingresos del 10 por ciento más rico de la población en nuestro país son actualmente 30.5 veces a los ingresos del 10 por ciento más pobre. Dicha proporción coloca a México como el segundo país en inequidad en el ingreso entre los miembros del referido organismo, sólo por debajo de Chile.

Tanto más preocupante resulta, a decir de la OCDE, que las cifras comentadas no se circunscriben a una situación coyuntural, sino forman parte de una tendencia a largo plazo alimentada por factores como la inequidad educativa, la informalidad laboral y la falta de cobertura de pensiones para gran parte de la población.

Es particularmente significativo que estos datos sean divulgados por un organismo como la OCDE, que por norma ha hecho causa común con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la promoción del llamado Consenso de Washington y en su implantación en América Latina, y ha fustigado y desacreditado las políticas de los gobiernos de la región que han intentado despegarse de esos preceptos.

Ahora, tras varias décadas de insistir en la necesidad de un Estado meramente subsidiario en ámbitos como la educación y el bienestar social, y de preconizar la eliminación de subsidios y otros mecanismos de distribución de la riqueza, la organización con sede en París reconoce, así sea tácitamente, el fracaso de la aplicación de las mismas políticas que ha impulsado hasta ahora en materia de economía y desarrollo social, y pondera el carácter intrínsecamente inequitativo de ese modelo, tanto en circunstancias de pretendida normalidad económica como en situaciones de crisis.

Sobre esto último es revelador que, de acuerdo con el mismo informe, la pobreza en el país aumentó 3.5 puntos porcentuales después de la crisis de 2008-2009 y que la supuesta recuperación económica de los años posteriores sólo benefició a los de más arriba.

A estas alturas, tendría que ser evidente que nuevas reformas estructurales neoliberales y pro empresariales –como las que se han impuesto a partir de 2012 en nuestro país con el beneplácito de la OCDE– no van a sacar a México del estado de postración económica, crisis social y degradación política en que se encuentra, sino que, por el contrario, empeorarán esas circunstancias.

El informe difundido ayer por la OCDE debiera ser visto como una advertencia ineludible sobre la necesidad de colocar la justicia social en el centro de las prioridades nacionales, de recuperar los programas de redistribución de la riqueza, los planes de industrialización y las medidas orientadas a fortalecer el mercado interno, y de procurar un crecimiento sostenido de la economía, como medios para revertir los indeseables factores de descontento político y descontrol social.