ientras el gobierno federal y el conjunto de la clase política se empeñan en aparentar una normalidad democrática e institucional inexistente, con miras al reacomodo de fuerzas partidistas de las próximas elecciones, la violencia sigue siendo parte del escenario cotidiano del país, y no parece haber perspectivas de cambio respecto de esa realidad.

Ayer un enfrentamiento en el municipio de Tanhuato, Michoacán, tuvo resultado de 42 civiles y un policía muertos, según dio a conocer el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. A renglón seguido, el funcionario informó que durante el operativo se decomisaron 36 armas largas, dos armas cortas, un lanzagranadas activado, un fusil calibre 50, así como un número aún indeterminado de cartuchos útiles. Dos días antes, en Guerrero, la confrontación entre dos presuntos grupos delictivos rivales dejó 10 muertos y 20 heridos, en un momento en que esa entidad se enfrenta a las perspectiva de la ingobernabilidad como consecuencia de la operación del crimen organizado y de autoproclamados grupos de policías comunitarias.

La persistente cifra de muertos y el virtual escenario de guerra que se vive en diversos puntos del país son correlatos lógicos de una política de seguridad que, más allá de los giros discursivos, se mantiene en los intentos por contener las expresiones delictivas mediante despliegues policiales o militares, agravados por ejercicios de simulación como el que tuvo lugar en Michoacán con la designación de un comisionado especial para la entidad que a la postre se limitó a perseguir a los sectores más críticos de las autodefensas. En cambio, el gobierno federal ha venido evitando la toma de decisiones de fondo para revertir la descomposi­ción social –la cual constituye el caldo de cultivo para el auge de la delincuencia y la ingobernabilidad–, como el fomento a las actividades productivas, la generación de empleo, el gasto público en educación e infraestructura, la promoción del desarrollo económico y el bienestar social.

La inseguridad y la violencia en el país son producto de una cadena de omisiones e irresponsabilidades atribuibles a las autoridades federales, estatales y municipales, las cuales, desde el sexenio antepasado y hasta el primer año del presente, han faltado a sus tareas y obligaciones fundamentales de garantizar la vida, la integridad física, el patrimonio y el libre tránsito de la población; han permitido la infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones de seguridad pública de los tres niveles y han abandonado a su suerte a la población ante el embate de esos grupos.

Es precisamente ese abandono por parte de las fuerzas públicas, e incluso la connivencia entre éstas y los grupos delictivos, lo que dio pie a la toma del control de vastas regiones por parte de la delincuencia organizada, así como al fenómeno de los grupos de autodefensa en entidades como Michoacán y Guerrero, lo que ha implicado una conversión de los ciudadanos en grupos armados irregulares que buscan recuperar la seguridad pública por propia mano.

Por desgracia, la ausencia del Estado, su consiguiente pérdida de control territorial y la inseguridad y la ingobernabilidad resultantes no se circunscriben a los municipios michoacanos en disputa ni a la región de Tierra Caliente, sino que se extienden por buena parte del territorio nacional.

En suma, la proliferación de escenarios como el comentado pone sobre la mesa la necesidad de revertir las consecuencias de varios lustros de abandono de las obligaciones gubernamentales para con la población. Ante la inacción de las autoridades, la sociedad tiene ante sí el deber de dirigirse a éstas para que rectifiquen y empiecen a adoptar acciones concretas para poner un alto al baño de sangre en curso.