La reforma constitucional que creará el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y pretende enfrentar el flagelo de la impunidad en todos los sectores de la sociedad, fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Ayer, en el Patio de Honor de Palacio Nacional, acompañado por representantes de organizaciones civiles, legisladores y funcionarios, el mandatario ponderó el acto como ‘‘un paso histórico en favor de una nueva cultura de la legalidad; debe ser un desafío que nos convoque y comprometa a todos los mexicanos’’.

A la promulgación le sigue, aún, el proceso de elaboración y dictamen de cinco leyes que reglamenten los 14 cambios a la Constitución. Es decir, al Congreso –a partir de septiembre– le corresponderá debatir los nuevos ordenamientos que habrán de materializar el SNA.

Más facultades a la ASF

Durante su alocución, el titular del Ejecutivo señaló que para superar un problema estructural se requiere de una solución amplia y sistémica. ‘‘Estoy firmemente comprometido con el combate frontal a la corrupción y con el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas’’, agregó.

Enunció los cinco ejes en los que se sustentará el sistema: coordinará a las autoridades locales y federales; ampliará las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); se innovará el esquema de justicia administrativa con la creación del Tribunal de Justicia Administrativa; se fortalecerá la corresponsabilidad entre los poderes públicos para combatir la corrupción, y se establece la hoja de ruta para la elaboración de la legislación reglamentaria.

Al intervenir en la ceremonia, el presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta (PRD), advirtió que la democracia representativa moderna no puede convivir con la corrupción y con la impunidad. ‘‘Un punto fundamental en el combate a la corrupción es poner fin a la impunidad’’, señaló. Abundó sobre el déficit de la reforma, al señalar que el tema del fuero quedó pendiente, pero habrá de dirimirse en un futuro.

Barbosa sugirió la necesidad de que México deje de ser conocido por los actos de corrupción de sus funcionarios, pues ‘‘sin autonomía, los entes públicos encargados de poner en marcha el sistema nacional, no tendremos éxito’’.

Al cerrar su participación, el legislador consideró que los actos corruptos en materia electoral –durante el actual proceso– ‘‘no pueden quedar impunes; las campañas no pueden ser épocas en las que todo se vale’’.

Para el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, la promulgación de la reforma es un paso trascendente para reivindicar la ética pública y la rendición de cuentas.

Al concluir la firma de la promulgación, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, festejó el documento porque ‘‘manda señal de que las leyes se van a respetar y habrá mayor certeza jurídica, y eso debe incrementar el interés de hacer negocios con México’’.

Finalmente, para César Camacho, dirigente nacional del PRI, la promulgación no fue un acto protocolario, sino reviste la mayor importancia para dar certidumbre a la sociedad sobre el compromiso del gobierno para allanar el camino de la ética y la transparencia pública.