La reforma constitucional que establece el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) prevé fortalecer y ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para realizar revisiones en tiempo real, es decir, cuando el ejercicio fiscal todavía esté en curso.

Dicho organismo también tendrá atribuciones para vigilar el destino final de las participaciones federales que reciben estados y municipios, y los recursos que se entregan a fideicomisos públicos y privados. De igual manera, podrá supervisar en qué se gasta la deuda pública que contratan los gobiernos locales, cuando ésta sea garantizada por la Federación.

Promulgada ayer por el presidente Enrique Peña Nieto, la reforma constitucional establece la creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual tendrá atribuciones para imponer sanciones a los servidores públicos y a los particulares que cometan faltas administrativas graves.

Este órgano jurisdiccional contará con plena autonomía para asegurar la certeza jurídica y que prevalezca el interés general de la ciudadanía por encima de presiones, influencias o consideraciones de cualquier tipo.

Asimismo, se amplía de tres a siete años la prescripción de faltas administrativas graves, con lo que se dota a la justicia de un alcance transexenal. El titular de la Secretaría de la Función Pública será ratificado en adelante por el Senado.

El sistema anticorrupción tendrá un comité coordinador integrado por la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía para el Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros.

Dicha instancia se coordinará con los sistemas locales anticorrupción que habrán de crearse en las 32 entidades federativas.