La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició las auditorías a los contratos que ha realizado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL), que ascienden a 23 mil 684 millones de pesos, informó el titular de SFP, Virgilio Andrade. Precisó que en esta indagatoria la dependencia a su cargo tiene la posibilidad de auxiliarse con auditorías externas, tomando en cuenta la independencia y las mejores prácticas.

Sin embargo, el funcionario dejó claro que el núcleo de las operaciones de OHL que han desatado los escándalos y propiciado el desplome en el costo de sus acciones, el Viaducto Bicentenario, contratado con el gobierno del estado México, no corresponden a la competencia de la SFP. Esas obras son de competencia de las autoridades del Ejecutivo mexiquense, puntualizó.

Entrevistado en el contexto del seminario Alcances y retos de la Ley General de Transparencia, organizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Andrade señaló que el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, requirió a la SFP auditar los contratos que ha obtenido esa empresa (autopista Atizapán-Atlacomulco; primer tramo del tren México-Toluca; tren eléctrico de Guadalajara).

El primer objetivo de las auditorías que ha solicitado la SCT es aclarar debidamente lo relacionado con dichos contratos para hacer transparente su situación, explicó Andrade, quien determinó que ya se iniciaron los trabajos en relación exclusivamente donde existen recursos federales.

Por otro lado, informó que a cuatro días de que se venza el plazo para que los funcionarios públicos federales entreguen su declaración de conflicto de interés, de manera conjunta con su situación patrimonial, 70 por ciento de los servidores ya lo ha hecho, porcentaje que calificó de adecuado en función de los plazos.

Precisó que es potestad de cada servidor público decidir si hace pública o no su declaratoria de conflicto de interés. Con independencia de ello, recordó que de acuerdo con las disposiciones legales y administrativas dictadas por el Ejecutivo federal, los expedientes de cada funcionario quedarán abiertos durante siete años para estar sujetos a investigación, si así se determina.