l titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, informó ayer que la dependencia a su cargo comenzó las auditorías a los contratos que ha realizado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con la empresa Obrascón Huarte Lian (OHL), que ascienden a 23 mil 684 millones de pesos. No obstante, el funcionario aclaró que esos ejercicios de fiscalización no incluyen los proyectos de obra pública realizados en el estado de México, como el Viaducto Bicentenario, que en semanas recientes han sido cuestionados a raíz de la difusión de conversaciones entre funcionarios de la empresa y del gobierno mexiquense que documentan presuntos actos de corrupción.
Un día antes, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte solicitó el apoyo de la SFP para realizar auditorías a los contratos otorgados a OHL a efecto de que se corrobore que los procedimientos licitatorios que dieron origen a las contrataciones se llevaron a cabo con apego a la legalidad y bajo principios de transparencia
. La expresión es cuando menos cuestionable, pues lejos de exhibir voluntad de la dependencia federal para esclarecer la legalidad o ilegalidad de dichos contratos, prejuzga el comportamiento lícito de la constructora y de las autoridades relacionadas con ella.
Ambos pronunciamientos restan verosimilitud a las pesquisas administrativas anunciadas por el gobierno federal en contra de la empresa de origen español y dañan la de por sí mermada credibilidad institucional. Sin desconocer los ámbitos de competencia de las dependencias referidas, es claro que las investigaciones respecto de la presunta corrupción de OHL en el estado de México debieran realizarse en un ámbito distinto al de la administración mexiquense, so pena de configurar un conflicto de intereses en el que las instancias locales serían juez y parte.
Por otro lado, en un momento en que la empresa española ha afirmado su interés por participar en el proceso licitatorio para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se corre el riesgo de que el proyecto de obra pública más importante de este sexenio se vea cuestionado de forma prematura, en el mejor de los casos, o que quede a merced de intereses corporativos inescrupulosos, en el peor.
Pero la perspectiva no sólo es ominosa para las instituciones gubernamentales y para la población, sino también para la propia empresa, la cual se ha visto severamente afectada por la difusión de los audios comentados: así lo demuestra el hecho de que las acciones de la constructora y operadora de autopistas se derrumbaron ayer, por segundo día consecutivo, como consecuencia del escándalo desatado a principios de mes, cuando salieron a la luz pública las grabaciones.
Sería inaceptable, en suma, que las autoridades se conformaran con investigaciones limitadas y desacreditadas de antemano, como las que anunció ayer la Función Pública. Lo conveniente y procedente es que se investigue a profundidad, se esclarezcan los hechos y se deslinden, fuera de toda duda, las responsabilidades en que pudieron haber incurrido los ejecutivos de la firma y los servidores públicos con que tuvieron relación. Para ello se requiere, ante todo, de disposición y voluntad política para llegar al fondo del asunto y para modificar de raíz las reglas que operan a nivel federal y local en la asignación gubernamental de contratos y concesiones, a fin de transparentar esos procedimientos, blindarlos de corruptelas y arreglos a trasmano y evitar, de esa forma, la profundización del daño a la credibilidad de las instituciones y al patrimonio público.
