Aprobada ya la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, aún existen importantes pendientes en la materia, entre los que destacan: mayor apertura en las negociaciones del Congreso en materia presupuestal, remanentes de opacidad en el Poder Judicial, garantizar que la homologación de las leyes locales esté acorde con el contexto legal y vigilar que la designación de quienes integrarán los órganos garantes en los estados sea abierta a la sociedad.

Tales conclusiones se plantearon en el contexto del seminario Alcances y retos de la Ley General de Transparencia, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), cuya presidenta, Ximena Puente, aprovechó para anunciar que el Consejo Nacional de Transparencia (que integrarán los órganos garantes, el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía) se creará el próximo 23 de junio, casi dos semanas antes de que venza el plazo legal.

Durante el seminario, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, sostuvo que con estas modificaciones deberán continuarse en la ruta de la máxima publicidad de la información, piedra angular de la rendición de cuentas y transparentar el uso de los recursos y de las conductas de los funcionarios públicos sin descuidar en esas decisiones, el respeto a los derechos humanos.

El senador Alejandro Encinas advirtió que aún quedaron resabios y citó el caso del Congreso, en el que es importante transparentar “los mecanismos de asignación y aprobación del presupuesto. Tenemos que evitar esta práctica nociva e inmoral, que los legisladores se distribuyen, prorratean una parte del presupuesto en función de sus grupos de interés, que ha terminado en moche legislativo o en esta extorsión a las que se ven sujetos gobernadores y alcaldes. El derecho de piso ya no sólo lo cobra el narcotráfico, sino también los legisladores.

Para el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, conjuntamente con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, son instrumentos que unidos darán un impulso a la transparencia y generarán un clima de honestidad e integridad en los funcionarios.

Desde las organizaciones sociales vinieron advertencias sobre los puntos débiles del proceso. Haydeé Pérez Garrido, directora de Fundar alertó que la vigencia de la ley general no es garantía de que en el plano local haya congruencia. Señaló que tras la reforma de 2007, 17 estados tienen legislaciones sin los estándares de la ley federal, a pesar de que 16 se aprobaron con posterioridad.