Los 7 millones de jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan también están en la agenda de las instituciones de educación superior privadas. De acuerdo con representantes del sector, las universidades particulares pueden incrementar su matrícula, ofrecer becas y cursos especiales para incluir a esos jóvenes en sus aulas.

Esas estrategias, aclararon, deben ir vinculadas con las acciones de las casas de estudios públicas encaminadas a alcanzar 40 por ciento de cobertura en este nivel educativo para el final del sexenio.

Jaime Valls Esponda, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), piensa que ampliar la cobertura del sistema educativo es parte de la respuesta de qué hacer con quienes están fuera de las aulas y del sector productivo.

Refirió que el incremento de la capacidad de las instituciones de educación superior es uno de los temas que se abordan actualmente en las tres mesas de trabajo que la asociación mantiene con autoridades federales, de las cuales surgirán propuestas de cambios legislativos. Otros asuntos tratados con las secretarías de Educación Pública y de Hacienda son la evaluación y financiamiento de las casas de estudio, así como la calidad e internacionalización de la enseñanza.

El presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes), Francisco Ramírez Yáñez, consideró que es muy necesario que las instituciones nos sentemos a dialogar y a pensar, no solamente en los que pueden, sino también en los que no pueden ingresar a las universidades.

Comentó además que una alternativa implementada en Jalisco, donde está la Universidad del Valle de Atemajac, de la cual es rector, es una alianza de universidades que ofrecen diplomados de tres o cuatro meses diseñados para jóvenes que no estudian ni trabajan, a través de los cuales les brindan herramientas para que puedan iniciar un negocio.

Para el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Emilio Baños Ardavín, uno de los ángulos desde el cual se puede analizar el problema y la posible contribución de las instituciones privadas al aumento de la cobertura para incluir a quienes no pueden acceder a la educación superior es el del costo de la educación.

Hay que meterse a los números. En el sistema público incrementar la matrícula significa recursos exorbitantes. Se estima que por alumno se requieren 100 mil pesos anuales, en tanto que en el sistema particular hablamos de 60 mil pesos.

Acotó que sería irracional pensar que la educación particular podría absorber la mayor parte del incremento de la matrícula que se requiere para llegar a 40 por ciento de cobertura, lo que significa alrededor de 600 mil nuevos espacios en las aulas. Quizá, opinó, la capacidad de crecimiento de la matrícula privada sería de la tercera parte del total requerido.

En todo caso, sostuvo, no sólo es un asunto de crear oferta, sino de que ésta tenga calidad. Por ello consideró que no se debe incentivar el crecimiento de las instituciones patito, y recordó que tan sólo alrededor de 15 por ciento de los universitarios cursan programas de licenciatura acreditados.

Además, señaló que paralelamente al incremento de la oferta de educación superior privada deberían generarse incentivos para las familias puedan optar por esta alternativa para sus hijos. Por ejemplo, podría legislarse para que las colegiaturas universitarias sean deducibles de impuestos.