Guadalajara, Jal.

Mario Bautista y Guadalupe López, jicareros huicholes que se dedican a la recolección de peyote, cumplen hoy una semana presos en el penal federal de Puente Grande, Jalisco, luego de ser detenidos el viernes pasado en el aeropuerto Miguel Hidalgo, de Guadalajara, por autoridades federa- les, que al encontrar bulbos de la cactácea en sus maletas los acusaron de tráfico de enervantes.

Los indígenas, quienes ostentan el nombramiento de hikuritamete (jicareros o recolectores de peyote, en español), forman parte de un grupo que cada año viaja de San Andrés Cohamiata, Jalisco, al desierto de Wirikuta, en San Luis Potosí, para recolectar peyote, el cual es usado en ceremonias tradicionales en las comunidades wixaritari.

Mario y Guadalupe fueron detenidos cuando intentaban abordar un vuelo hacia Los Cabos, donde fueron invitados a un foro organizado por el Movimiento Magisterial Democrático de Baja California Sur denominado El rescate de las culturas.

Además del peyote, que afirmaron era para uso ceremonial y cuya cantidad no ha sido dada a conocer por la Procuraduría General de la República (PGR), Mario y Guadalupe llevaban artesanías que pretendían comercializar en Los Cabos, y que les fueron retenidas.

El Movimiento Magisterial Democrático de Jalisco se manifestó en favor de la liberación de los wixaritari ante la flagrante violación que significa detener a quienes tienen permitido legalmente transportar y consumir plantas o animales considerados sagrados en su cosmogonía.

Por su parte, la Comisión Estatal Indígena envió una carta a la PGR para justificar el derecho que tiene el pueblo wixárika al uso del peyote, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Jalisco.

Los pueblos indígenas tendrán la garantía de no ser molestados por las autoridades estatales y municipales en la recolección, transporte, uso, caza, pesca y consumo de plantas y animales considerados sagrados y destinados a fines estrictamente ceremoniales y curativos, en los términos de la legislación federal aplicable. El Ejecutivo estatal, para este efecto, promoverá los convenios de coordinación necesarios, con el Poder Ejecutivo federal, o las entidades federativas involucradas, dice el citado artículo.