nte lo mostrado en un video, de los varios que seguramente hay sobre la incursión de fuerzas federales en Tlapa para rescatar a más de 30 policías federales privados de la libertad por la representación local del Movimiento Popular Guerrerense, se vuelve comprensible la indignación de un sector de la población de esa ciudad, corazón de la empobrecida región de La Montaña de Guerrero.

Fuera de sí, poseídos por la furia, los policías federales a cargo del operativo patearon y golpearon con sus armas a los inconformes, aun cuando ya estaban sometidos, en tal estado de enojo desbordado, que el observador no puede menos que pensar que la muerte del activista Antonio Vivar Díaz se debió, más que a su posible agresividad o resistencia, a la ira que dominó a los uniformados.

Si de por sí se justificaba una investigación minuciosa de los hechos, es necesario vigilar que ésta sea objetiva e imparcial; que no vaya a suceder que, por tratarse de una fuerza federal, que se pretenda, desde el poder central, exculpar a los responsables, como ya ocurrió con la muerte de dos normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2011 en la autopista del Sol.

Las corporaciones tienen la obligación de actuar con apego a la ley, y deben sujetarse a protocolos de actuación que norme su desempeño en todas las circunstancias en que deban actuar. Deben hacerlo con profesionalismo y ética, controlar los impulsos primarios de sus agentes y procurar un desempeño impecable en sus tareas.

Se trata de someter al infractor y al antisocial, no de hacerle pagar sus culpas, ni mucho menos masacrarlo. Hacer justicia es una función que no corresponde a la policía, sino al Poder Judicial.

Esa es la policía que aspira tener la sociedad mexicana. Pero parece ser que la realización de ese anhelo aún está demasiado lejos. Ojalá que, a la vista de los resultados de la reciente elección, los gobiernos de México entiendan y asuman ese mandato popular: cambios por la vía pacífica e imperio de la ley.