uncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) dieron inicio ayer a la apertura de aproximadamente 89 mil 206 paquetes electorales –60 por ciento de las casillas instaladas en los comicios del pasado domingo– para llevar a cabo el recuento de votos correspondiente. De acuerdo con el secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo, el recuento obedece a múltiples causas, que van desde lo cerrado de los resultados electorales en algunos distritos del país hasta la propia complejidad de la implementación del nuevo modelo electoral.

En efecto, cabe felicitarse de que la legislación vigente, a raíz de la reforma de 2007, incorpore diversas causales que obligan a la autoridad a acceder a un conteo parcial o total de los sufragios y que se haya eliminado la ambigüedad que hizo posible que las autoridades electorales se negaran a realizar un ejercicio similar tras los desaseados comicios presidenciales de 2006. Debe recordarse que esa negativa tuvo un costo enorme para el país en términos de deterioro institucional y pérdida de credibilidad en los mecanismos electorales, habida cuenta del estrecho margen entre los aspirantes que ocuparon el primer y segundo lugares en los resultados oficiales –Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador–, así como del cúmulo de intromisiones indebidas de diversos actores, las inconsistencias existentes en las actas de escrutinio y demás elementos que hacían del recuento total de los sufragios una medida de obvia sensatez y necesidad.

Pero acaso el peor efecto de la negativa de reabrir los paquetes de esa elección presidencial es que marcó con un estigma de ilegitimidad y opacidad a la administración calderonista. A la postre, el michoacano quiso revertir ese déficit involucrando al país en una guerra contra el narcotráfico, cuyos efectos nefastos en términos de inseguridad, descomposición social y pérdida de vidas humanas se siguen padeciendo en la actualidad.

Por otra parte, no debe pasarse por alto que el recuento de votos es un mecanismo concebido para resolver dudas, irregularidades y conflictos poselectorales que tendrían que ser la excepción, no la regla, en un régimen pretendidamente democrático.

El hecho de que se tenga que abrir 60 por ciento de los paquetes para proceder a un nuevo recuento es indicativo de un proceso que, lejos de ser equitativo y transparente, estuvo marcado por una combinación de malas prácticas, desaseos partidistas y actitud omisa de las autoridades electorales, las cuales decidieron no actuar frente a violaciones flagrantes a la legislación correspondiente. Asimismo, la amplia porción de casillas con impugnaciones e inconformidades deja entrever la mala preparación organizativa y las fallas en la capacitación del personal y de los ciudadanos que estuvieron a cargo de los centros de votación.

En suma, aunque el recuento anunciado es en sí mismo una buena noticia, su amplitud presenta un diagnóstico preocupante de la vida política del país y exhibe que la institucionalidad electoral que, a pesar del enorme costo que representa para los ciudadanos, no es capaz aún de organizar y arbitrar procesos comiciales que se desarrollen y concluyan sin quedar bajo sospecha de los ciudadanos.