l Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que una falla en su sistema de cómputo propició que la información difundida sobre los conteos distritales cerraran ayer en 100.61 por ciento de avance, a pesar de que ese proceso aún no concluía formalmente. El referido error en el conteo de los votos provocó, por ejemplo, que hubiera distritos con 500 casillas y en los que se computaron 550.

Los empeños del INE por minimizar el error son improcedentes: con independencia de la cantidad de votos que implique el excedente mencionado (0.61 por ciento), debe recordarse que hace nueve años un porcentaje similar en el número de sufragios (0.56 por ciento) bastó para darle el triunfo oficial al panista Felipe Calderón sobre el aspirante de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que las inconsistencias en las actas y las irregularidades en el proceso ameritaban realizar un recuento total de los votos. A diferencia de entonces, la legislación electoral de ahora establece una serie de causales que obligan a las autoridades electorales a realizar un conteo total de los sufragios, por lo que sería deseable y necesario que el INE amplíe ese ejercicio, que actualmente se realiza sobre 60 por ciento de las casillas, a la totalidad de los paquetes electorales.

El dislate numérico dista de ser el único punto cuestionable de la jornada comicial del pasado domingo. A lo anterior se suma el conflicto abierto que se vive en la delegación Gustavo A. Madero, donde el Instituto Electoral del Distrito Federal se ha negado a realizar un conteo de ciento por ciento de los votos, como lo indica la legislación nacional, con el argumento legaloide de que ese instituto no está facultado para hacerlo y que la ley electoral contiene cierta ambigüedad. Lo cierto es que el rechazo mencionado ha abierto paso a una tensión poselectoral que no debiera tener lugar si se respetara el principio de transparentar el resultado de las elecciones; por el contrario, la actitud del IEDF ha hecho que surjan denuncias de alteración de boletas electorales en su contra por Morena, y que pese una sombra de duda sobre el resultado real de las votaciones en esa demarcación.

Si a esto se añade la confrontación y la violencia que marcaron al proceso electoral en su conjunto, así como las constantes violaciones de la legislación electoral por partidos políticos y particulares, es claro que la elección celebrada este año dista mucho de haber sido ejemplar, como señalaron las autoridades electorales y el gobierno federal, y que la eficacia de las primeras ha quedado de nueva cuenta en entredicho a consecuencia de su ineficiencia, indolencia y conductas omisas.

La perspectiva es grave, porque una vez más, como ocurre cada tres y seis años, las instituciones pidieron a la sociedad del país un voto de confianza que no han sabido respetar: lejos de dar a los ciudadanos certeza sobre el respeto a sus derechos políticos y a la voluntad que expresaron en las urnas, esas autoridades han colocado a la elección en un panorama de desaseo e incertidumbre y ante la perspectiva indeseable de que el resultado final de las elecciones tenga que definirse en los tribunales.