Los taxistas firmaron un acuerdo con la Secretaría de Gobierno para participar en el debate sobre nuevas tecnologías de movilidad, sin que ello implique avalar la regularización de las empresas Uber y Cabify, como anunció el Laboratorio de la Ciudad de México.

En la pasada reunión sostenida con el titular de la dependencia, Héctor Serrano, que se prolongó más de cuatro horas, Ignacio Rodríguez y Daniel Medina señalaron que perfeccionar el servicio que se proporciona a los ciudadanos no significa negociar o modificar la ley para meter a fuerza a esas empresas.

La aceptación de que cuatro representantes del gremio “participemos en el debate, además de Fidel de la Cruz y Rubén Alcántara, validará que se lleve a cabo de forma legal y sin manipulaciones, aunque los dados están cargados para legalizar lo ilegal, y no vamos a aceptar ningún chayoteo”.

La aceptación de acudir al debate y a las mesas de trabajo no descarta la realización de movilizaciones, de no cumplirse con el marco de legalidad y de darse una interpretación o manejo tendencioso, porque piso parejo significa que cumplan con la ley, lo cual no aplica en su caso, afirmaron.

El Laboratorio de la Ciudad de México publicó ayer en su cuenta de Twitter que CDMX será la 1ra cdad en Latam en regularlo, aunque minutos después lo borró, lo cual es un error y evidencia que el gobierno tiene todo planchado para meter a fuerza a Uber y Cabify.

Fidel de la Cruz y José González aclararon que estamos en favor del diálogo, pero no de la negociación, como tampoco de encontrar equilibrios entre el transporte público concesionado y el que prestan esas empresas, por lo que vamos en unidad a luchar por el respeto de nuestros derechos como prestadores de servicio, y la siguiente reunión será con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

La diputada local independiente Laura Ballesteros informó, por otra parte, que entregará al Laboratorio una propuesta para incluir en el reglamento de movilidad la figura de empresas de redes de transporte basadas en aplicaciones móviles.

Mencionó que el conflicto no se resolverá ni mejorará el servicio ordinario con la desaparición de Uber y Cabify o regulando sus servicios, si no se acaba con la sobrerregulación que enfrentan los taxistas, lo que deriva en corrupción, pues destinan alrededor de 35 por ciento de sus ganancias al pago de dádivas.