El deterioro de la infraestructura arquitectónica de su sede principal es sólo la punta del iceberg de la actual situación del Centro Cultural Ollin Yolizti (CCOY), dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.

Muestra del desorden y las lagunas en lo administrativo que privan en esa instancia cultural y de educación artística es que una de sus seis escuelas, la de Iniciación a la Música y la Danza, a casi 35 años de haber sido fundada, no existe desde el punto de vista jurídico en la estructura de la Secretaría de Cultura capitalina.

Otro ejemplo es que la Escuela de Danza Contemporánea, integrada al centro desde 1999, ofrece a sus alumnos el nivel de licenciatura sin contar con el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que impide a sus egresados continuar con estudios de posgrado o aspirar a una beca.

Ese rezago además se evidencia en planes de estudio incompletos de varias de las carreras o estudios que se imparten en las escuelas del CCOY, por estar aún en proceso de elaboración.

Son los casos de las escuelas de Música del Rock a la Palabra y la de Mariachi Ollin Yoliztli, las de más reciente creación, la primera data 2006 y la segunda de 2012, ubicadas en sedes diferentes a la principal, una en San Ángel y la otra en la Plaza de Garibaldi, respectivamente.

Ubicada también en un recinto externo, en la estación Normal del Metro, la de la Escuela de Danza de la Ciudad de México tiene una situación aún más compleja, pues carece de proyecto, según un ex funcionario del CCOY, quien pide omitir su nombre.

Su fundador, Héctor Fink, creó una metodología dentro de la cual se han formado los profesores de la escuela y con la cual desarrollan su trabajo. Es una metodología propia en la que los maestros evalúan y consideran qué alumnos están listos para egresar, agregó.

Tampoco posee validez oficial; sin embargo, los egresados tienen muy alto nivel. En realidad es una escuela a la que nadie le hace caso ni la molestan. Es una escuela casi abandonada.

La Escuela de Música Vida y Movimiento, creada en 1978, se cuece aparte luego de que sus 20 licenciaturas en instrumentos de cuerdas, de viento de madera y metal y de percusión, así como en canto, sí tienen validez oficial. También cuenta con el nivel medio-superior, con certificación a nivel técnico profesional.

Un problema más es la falta de contrato de un segmento del personal que presta sus servicios en escuelas de ese centro educativo, administrativo y docente, como es el caso de la de Mariachi, donde incluso dejó de pagarse el salario a profesores durante cinco meses, de octubre de 2014 al pasado febrero.

Queja ante la CDHDF

No todo queda allí en lo que concierne a este espacio educativo, del que está a punto de egresar la primera generación de mariachis. Su titular, Leticia Soto Flores, quien desempeña el cargo desde julio de 2012, interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) contra el director académico del CCOY, Ricardo Fuentes Gómez, aún en trámite.

Esa queja, con número de expediente 15/0823 y a la que La Jornada tuvo acceso, es por acoso laboral, el cual sitúa desde el momento en que ese funcionario intentó separarla de su cargo como responsable de la escuela de Mariachi, durante el verano de 2014, según se relata en el documento.

Cuenta con una actitud de acoso, en la que me hace víctima de actitudes y dejos, que dañan mi integridad y espacio personal, argumenta la docente en esa queja. Considero que los actos del maestro Fuentes intentan intimidar, opacar, aplanar, amedrentar y consumirme continuamente, con la mira de excluirme de las actividades del CCOY.

Además de su persona, Soto afirma en el escrito que esos actos han afectado severamente la continuidad de la escuela.

Entre otras situaciones, explica en el texto, por cambiar el organigrama de la escuela sin consultarlo con ella ni responder a sus solicitudes para evaluar esas modificaciones; la reducción de honorarios por hora de los docentes adscritos a esa instancia y la imposición de personal, en particular de un administrador que él contrató con honorarios demasiados altos y que no seguían las instrucciones de la directora.

Las docentes, concluye la queja, señalan que existieron irregularidades en las contrataciones del personal en la escuela de Mariachi, aspecto del que, se asegura, se ha informado de manera general a las autoridades.

La situación de algunos de los problemas y lagunas administrativos ya fue abordada por el director del CCOY, Ricardo Fuentes Gómez, en una entrevista publicada en estas páginas (La Jornada, 22/6/15).