yer se cumplieron nueve meses del asesinato de tres personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero. Los hechos de ese 26 de septiembre no han sido satisfactoriamente esclarecidos por las autoridades de procuración de justicia, cuyo manejo del caso ha merecido severos cuestionamientos, tanto de los padres de las víctimas y su entorno social de apoyo, como de expertos internacionales en materia forense.

inguno de los actores involucrados en la lucha por el poder en México cuenta con argumentos, ni siquiera mínimos, para negar que estamos ante unas elecciones intermedias que han sido profundamente dañadas por esa organización que gusta de publicitarse como Partido Verde Ecologista de México (PVEM). No es fácil que como sociedad podamos discernir la magnitud del daño y sus consecuencias, extravío que en última instancia favorece las aspiraciones del PVEM por salir impune en estas elecciones. De ahí la necesidad de no abandonar el tema y fortalecer con toda energía la justa e irrebatible demanda social que exige aplicar como sanción al PVEM la pérdida del registro (www.change.org/p/exigimos-que-quitenregistroalverde), además de impulsar una investigación sobre el origen de los miles de millones de pesos que ha invertido en la maniobra.

enemos una herida abierta, un dolor e indignación compartidos con familiares y amigos de los jóvenes normalistas ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos forzadamente hace nueve meses. Hoy seguimos igual de firmes en nuestra exigencia de presentación con vida de los 43 jóvenes y el castigo a los culpables por los lamentables hechos de los pasados 26 y 27 de septiembre en Guerrero. Nos negamos a creer lo que el actual régimen arguye respecto a cómo sucedió este escandaloso acontecimiento en México.

n 1927, al negar el amparo que interponía una casi niña, la Suprema Corte de Justicia estableció que un test era suficiente para determinar la capacidad mental de una persona y, con base en los resultados, ordenar su esterilización. A partir de esa decisión, durante décadas y hasta los años 70, en el estado de Virginia, Estados Unidos, se aplicó el binomio evaluación-esterilización a miles de jóvenes. A algunas se les dijo que la cirugía era sólo una apendicectomía y el magistrado Holmes justificaba este sacrificio menor apelando al bien superior de una patria que no quería verse inundada de débiles mentales (Ver: La medida de una nación, capítulos 9 y 5).

a Encíclica del papa Francisco “Laudato Si –sobre el cuidado de la casa común” publicada el 18 de junio, es un parteaguas en muchos sentidos. Es un fuerte llamado a parar la devastación ambiental y el cambio climático, a cuidar a nuestra hermana madre Tierra y reconocer los derechos de quienes mejor cuidan de ella: las comunidades campesinas e indígenas, las economías solidarias locales, rurales y urbanas. Anota la conexión directa entre destrucción ambiental y social con el paradigma tecnocrático globalizado, sustentado por una minoría que desde las finanzas domina las políticas nacionales e internacionales en su beneficio, en desmedro del bien común y abusando los bienes comunes. Refleja además un hito por la relación con los movimientos sociales.

ebo confesar que no soy muy afecto a los largometrajes animados para niños. Por ejemplo, no vi ninguna de las películas animadas que fueron nominadas este año para un premio de la Academia (intenté ver La gran aventura Lego en un avión y me quedé dormido). Pero los productos Pixar marcan la excepción a mi desinterés.