A 20 años de la matanza de Aguas Blancas, familiares de los campesinos asesinados en Guerrero negocian con el gobierno del estado una reparación integral del daño.

En conferencia de prensa, el abogado José Sánchez informó lo anterior y manifestó que mantienen la exigencia de que se castigue a todos los responsables de los asesinatos, entre ellos el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Acompañado por algunas viudas, cuestionó que se repitan crímenes de Estado –citó el caso Tlatlaya y lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, a cuyos familiares expresó su solidaridad.

El abogado adelantó que exigen la reparación del daño con base en tratados internacionales, así como ayuda sicológica y, médica, además de medidas cautelares para los sobrevivientes.

En conferencia de prensa en el Centro de Comunicación Social (Cencos), Sánchez adelantó que el 4 de julio recibirán una propuesta de la Secretaría de Gobierno del estado.

Pero en caso de que no se nos responda a mediados de julio, vamos a tomar medidas más fuertes, advirtió.

Aseguró que el gobierno teme que los afectados por los crímenes cometidos en El Charco, Aguas Blancas y Ayotzinapa se junten.Así que convocó, por lo pronto, a que se realice un acto de todas las organizaciones sociales del país el 28 de junio, cuando se cumplirán 20 años de la masacre de campesinos en el vado Aguas Blancas, del municipio de Coyuca de Benítez.

José Sánchez resaltó que después de la masacre de Aguas Blancas, el Estado mexicano inició una persecución y aniquilamiento feroz contra todas las organización campesinas, estudiantiles o magisteriales en la entidad.

“Esto se contempló por las masacres de El Charco, donde fueron asesinados 10 campesinos –acusados de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente– y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México”.

También recordó que fueron perseguidos y asesinados diversos dirigentes de organizaciones sociales, como Arturo Hernández Cardona y Rocío Messino, entre otros.

Además, sostuvo, ocurrió el asesinato de dos normalistas a manos de fuerzas federales y la policía ministerial del estado en la Autopista del Sol, así como la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa.