A un año de que siete soldados y un oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) irrumpieron en una bodega en Tlatlaya, estado de México, donde murieron 22 presuntos secuestradores, de los cuales al menos 11 fueron ejecutados a manos de militares, el proceso penal que se desahoga en un juzgado federal para determinar el grado de responsabilidad penal de los efectivos castrenses se encuentra estancado.

Entre las causas de lo anterior se apunta que los abogados defensores han presentado infinidad de recursos que dilatan el procedimiento; los familiares de las víctimas que fallecieron ese día no han sido localizados para que comparezcan como testigos, y que mandos militares y funcionarios de las agencias de investigación que colaboraron en la indagatoria se niegan a comparecer en el juicio.

Según funcionarios del juzgado primero de distrito de procesos penales federales –donde radica la causa abierta contra los soldados y el oficial implicados–, desde el 8 de noviembre de 2014, en que se dictó el auto de formal prisión por diversos delitos a siete de los ocho militares que participaron en los hechos de Tlatlaya y hasta la fecha, ‘‘prácticamente no ha habido avances’’ en el proceso penal.

No se ha pasado del periodo de recepción de pruebas

Un funcionario del Poder Judicial Federal (PJF) cercano al caso confió a La Jornada: ‘‘Ni siquiera hemos podido pasar del periodo de recepción de pruebas. La defensa sigue aportando testimoniales, periciales y documentales, (mientras) el (agente del) Ministerio Público (Federal) hace lo propio. Con decirle que son pocos los casos en que hemos podido ubicar el domicilio de los testigos y por eso la mayoría aún no saben que se requiere su comparecencia en el juzgado. La verdad, vamos para largo’’.

Otra cuestión que ha complicado el avance del proceso es que el juzgado primero tuvo recientemente cambio de titular. El juez Eduardo Torres Carrillo, quien hace ocho meses dictó la formal prisión de siete de los militares implicados, fue readscrito. Actualmente el juzgado lo encabeza Elisa Macrina Álvarez Castro, quien tiene pocos años de experiencia como juez, indicaron los funcionarios entrevistados.

También está detenido el curso del proceso porque se desconoce el paradero de dos de las tres mujeres que fueron encontradas por los soldados en la bodega de Tlatlaya.

En diciembre pasado, otro juzgado federal –el cuarto de distrito con sede en Toluca– ordenó la inmediata libertad de ambas mujeres.

En una tarjeta informativa difundida en esa ocasión, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo y disciplinario del PJF, informó que el juzgado cuarto ordenó la libertad de esas personas, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó conclusiones no acusatorias a su favor. Una de las mujeres estaba encargada de la limpieza del lugar, y la otra presuntamente se dedica a la prostitución. La tercera es madre de una de las 22 personas que fallecieron hace un año.

De las constancias de autos de la causa penal 81/2014, a la que tuvo acceso ayer este diario, queda claro que entre autoridades de la PGR y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) existen diferencias de interpretación sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya.

Por mencionar un ejemplo, mientras la CNDH concluyó en su recomendación sobre el caso que algunos de los militares implicados ejecutaron al menos a 15 de los presuntos secuestradores después de que éstos ya se habían rendido, la autoridad ministerial (Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR fue quien dirigió la indagatoria) sostiene que sólo tiene pruebas para demostrar ocho homicidios sumarios y para acusar como autores directos de los mismos a tres de los militares implicados.

Según informes del expediente, la procuraduría únicamente acusó de ocho homicidios dolosos a los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides. A ellos también les imputó los delitos de abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

A dichos militares, así como a sus compañeros Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, también se les dictó la prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Al mismo tiempo, Rodríguez Martínez fue procesado por encubrimiento, por no procurar impedir la consumación de un ilícito.

Salvo el delito de homicidio, ninguno de los otros ilícitos que la PGR les imputa a los otros militares implicados es grave, por lo que cinco de los siete soldados obtuvieron la libertad provisional bajo caución, aunque no pudieron abandonar la cárcel, debido a que la Procuraduría de Justicia Militar los mantiene bajo investigación por violar los protocolos de actuación castrense en los hechos de Tlatlaya.