Amnistía Internacional (AI) insistió en que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto realice una investigación ‘‘exhaustiva e imparcial’’ del caso Tlatlaya, que lleve a la justicia a todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, así como a los servidores públicos que hayan incurrido en alguna falta en las deficientes investigaciones de los hechos.

En tanto, Enrique Guadarrama López, segundo visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reconoció que uno de los puntos pendientes de la recomendación es determinar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados, así como de los militares.

No obstante, dijo que cada uno de los procesos penales o procedimientos administrativos iniciados tiene sus propios tiempos y etapas, que deben ir agotándose paulatinamente. Declinó hacer algún señalamiento sobre el tiempo que se lleven dichos procesos, pues eso es, dijo, tarea y responsabilidad de los órganos jurisdiccionales que están conociendo del caso y serán ellos los que deban resolverlo con plena autonomía.

En entrevista, el segundo visitador de la CNDH aseguró que la comisión hace una valoración precisa de las respuestas que ha tenido su recomendación emitida hace ocho meses por los hechos de Tlaltlaya, y que aunque avanza todavía hay pendientes importantes que deben atender la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR), y el gobierno del estado de México, que son las tres instancias a quienes se les envió dicho recurso.

Así, a un año de los hechos ocurridos en esa comunidad del estado de México, donde murieron 22 civiles –incluida una joven de 15 años– a manos de integrantes del Ejército, Amnistía Internacional insistió en la necesidad de la justicia y recordó al Estado mexicano que el mantenimiento del orden público no debe ser pretexto para violar los derechos humanos.

El director ejecutivo de AI México, Perseo Quiroz, declaró que el uso de la fuerza debe ser limitado a criterios de proporcionalidad y sólo en casos de absoluta necesidad, como señalan las normas internacionales de derechos humanos, obligación que en el contexto de su fallida estrategia militarizada en contra de la delincuencia organizada el Estado recurrentemente ha ignorado.

‘‘Es fundamental que las víctimas del caso Tlatlaya y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, conozcan la verdad de los hechos por medio de una investigación seria e imparcial, y que se otorgue una reparación integral que incluya medidas concretas para que este tipo de hechos no se repitan’’, señaló el organismo.

En su pronunciamiento, AI reiteró su llamado al Estado mexicano a evitar que las fuerzas armadas desempeñen funciones policiales como detenciones, investigaciones e interrogatorios, debido a que sus miembros carecen de la capacitación adecuada y no rinden cuentas por sus actos.

Además, pidió que se garantice que las fuerzas armadas actúen bajo el estricto control de las autoridades civiles y que toda denuncia de violaciones a derechos humanos sea investigada.