l miércoles 1º de julio Dilma Rousseff cumplió seis meses de su segundo mandato presidencial. Y lo hizo con una marca espantosa: los más recientes sondeos de opinión pública indican que solamente 9 por ciento de los brasileños aprueban su gobierno. Es el peor índice alcanzado por un presidente desde la retomada de la democracia, hace 30 años. En marzo, la aprobación de su gobierno era de 12 por ciento. En julio, la aprobación de Dilma es inferior a la que recibió en sondeos recientes su propio partido, el PT (12 por ciento). La reprobación es de 68 por ciento y 61 por ciento de los entrevistados cree que la situación empeorará.

Los primeros efectos se hicieron visibles en la oposición más radicalizada, cuyos voceros se apresuraron a pedir la dimisión de Dilma Rousseff. Uno de los más legítimos representantes de la derecha furibunda, el senador Ronaldo Caiado, un terrateniente con sólida trayectoria ultraconservadora, declaró que la renuncia sería una actitud de estadista. Otra luminaria de esa derecha, el también senador Cassio Cunha Lima, pidió: Para que Brasil tenga su sufrimiento abreviado, renuncie, Dilma.

El candidato neoliberal derrotado en las elecciones del pasado octubre, Aécio Neves, del mismo PSDB del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, prefirió el camino del sarcasmo, al afirmar que muy pronto la aprobación de la presidenta será inferior a la inflación (que es de 8.7 por ciento).

La verdad es que las peores derrotas del gobierno en el Congreso son provocadas por los supuestos aliados, en especial el PMDB, mayor socio del PT, y que controla tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Con aliados así, la oposición no hace falta.

Hasta los más equilibrados y objetivos analistas políticos se muestran pesimistas, al prever que el índice de aprobación de Dilma Rousseff podrá desplomarse aún más.

No son pocos quienes dicen que ella malgastó de manera absurdamente veloz su capital político, y que le será cada vez más difícil gobernar de aquí en adelante. Los espacios de maniobra para intentar recuperar la confianza tanto del electorado como del mercado se achicaron de manera significativa, mientras aumentó, y mucho, el riesgo de ser definitivamente abandonada por aliados e incluso por corrientes internas de su mismo partido, el PT.

Los tres aspectos más criticados por los entrevistados son la inflación (precios que fueron controlados en su mandato anterior ahora explotaron, como energía eléctrica, transporte público, agua, combustibles), las altísimas tasas de interés, que hicieron que muchas familias se encuentren en situación de morosidad junto a los bancos, y la pésima calidad de servicios públicos de salud.

Además, el fantasma del desempleo se transformó en una amenaza creciente, a raíz de la grave recesión económica vivida por el país. A estas alturas el nivel de paro ronda 10 por ciento.

Esa situación –desempleo, inflación e intereses astronómicos– no da ninguna muestra de cambio tan pronto, lo que no hará otra cosa que reforzar la insatisfacción generalizada.

En el Congreso, el principal partido de oposición, el PSDB, está absolutamente decidido a votar contra cualquier interés del gobierno, con el objetivo específico de desgastar más aún a Dilma y al PT. Con eso, muchas veces son aprobadas medidas claramente perjudiciales al actual escenario económico, y peor, contrarias a toda la trayectoria del mismo PSDB.

Los aliados se muestran cada vez más infieles, y la principal novedad en esa rebelión son las presiones del PMDB para que Michel Temer, que acumula los puestos de vicepresidente y articulador político del gobierno, abandone esa tarea. Sería el primer paso para que el principal partido de la alianza abandone un barco que corre el serio riesgo de naufragar.

Pero los problemas de Dilma no terminan ahí. Hay más, mucho más: las denuncias de corrupción siguen goteando diariamente y, manipuladas por los grandes medios de comunicación, ayudan la opinión pública a entender que hubo desvíos recursos ilegales para la campaña electoral de Dilma Rousseff.

De tan escandalosamente manipulada, la situación llegó a niveles absurdos. La cosa es así: tanto el PT como partidos de oposición recibieron, en las pasadas elecciones, donaciones de las mismas empresas. Pero, acorde a la absurdamente parcial prensa brasileña, para los partidos de oposición fueron donaciones legales, respetando todos los dispositivos de la legislación electoral. Para el PT, pese a que todos los requisitos fueron cumplidos de la mismísima manera, es dinero robado e ilegal. De comprobarse el dato, estaría abierto el camino legal para la deposición de Dilma por el Congreso.

Esa reiteración obsesiva, sumada al mecanismo de filtraje altamente selectivo de informaciones a la prensa, de parte tanto de la Policía Federal como de la Justicia, no hacen más que enturbiar el escenario político. Y, una vez más, en claro detrimento de la imagen de la presidenta.

Y es así que, entre una crisis económica seria y una crisis política cada vez más tremenda, el gobierno es golpeado por todos los lados. Y nadie se anima a prever qué pasará.