Luego de su actuación en el caso Tlatlaya, es urgente que el Ejército deje de participar en el combate al crimen organizado y regrese a sus cuarteles, advirtieron senadores del PRD y PT.

Esa orden de abatir en la oscuridad es inaceptable, el Ejército aunque realice funciones de policía no puede asesinar a nadie, advirtió el coordinador del PT, Manuel Bartlett.

Recalcó que abatir significa matar, y el propio titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe llevar a cabo una investigación a fondo ya que no basta que esa dependencia sostenga que los soldados que participaron en el operativo Tlatlaya tenían otras recomendaciones, entre ellas la de respetar los derechos humanos.

Debe sancionarse a quien ordenó abatir, en lugar de estar dando explicaciones absurdas, señaló Bartlett en relación con las respuesta que la Sedena dio al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro.

El senador Bartlett recalcó que el general Cienfuegos debe tener mucho cuidado, porque se está poniendo en riesgo el prestigio del Ejército, una institución que, recalcó, siempre ha tenido el respeto de todos, pero que al realizar tareas de combate al crimen organizado y estar en las calles, se ha convertido en un peligro.

El ex secretario de Gobernación consideró que el peligro es que se avance cada vez más hacia un Estado policiaco-militar y que pese a la crisis económica y los recortes al presupuesto, se sigan comprando armas para el Ejército, como si fuera a participar en una guerra. En entrevista aparte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, coincidió en que se requiere una explicación a fondo de las fuerza armadas, sobre las 38 instrucciones a los militares que participaron en el caso Tlatlaya.

Hizo notar que estos hechos ponen de manifiesto la urgencia de que el gobieno federa resuelva ya el problema de seguridad y el Ejército pueda regresar a sus cuarteles, a cumplir con las responsabilidades que le marca la Constitución.

Cuestionada sobre la petición del secretario de la Defensa para que se legisle a fin de dar el marco jurídico a las fuezas armadas, a fin de que puedan cumplir con sus tareas de seguridad pública, De la Peña dijo que está en contra de ello.

No creo que sea conveniente modificar la Constitución en ese sentido, lo que tenemos que aprobar es una ley para regular el uso de la fuerza pública, la ley de desaparición forzada.

A su juicio, se debe avanzar en la profesionalización de los cuerpos policiacos para que sean quienes se encarguen de combatir a la delincuecia y no el Ejército.