La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó a diputados del grupo de trabajo constituido para coadyuvar a las investigaciones del caso Tlatlaya, que se encuentra imposibilitada jurídicamente para presentar una versión pública sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014.

La respuesta obedeció a un oficio que la coordinadora del grupo de trabajo, Elena Tapia Fonllem, dirigió el pasado 12 de noviembre de 2014 al general José Luis Chiñas Silva, coordinador de Relaciones Interinstitucionales del Estado Mayor de la Sedena, solicitándole información detallada sobre las carpetas de averiguaciones previas relativas a los acontecimientos de San Pedro Limón, Tlatlaya, estado de México.

La petición incluye documentación sobre las comunicaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Procuraduría General de la República (PGR) relacionadas con el caso; información pública y versiones públicas de información clasificada y reservada sobre el operativo; reportes a los superiores respecto a los acontecimientos; información detallada sobre las funciones de cadena de mando del 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, y la información clasificada o reservada sobre los procesos por delitos contra la disciplina militar en curso.

Cinco meses después el general de brigada Cresencio Sandoval González, subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional respondió a la solicitud de la diputada Tapia.

El general Sandoval refirió que de conformidad con lo establecido en los artículos 59, 60, 65, 66 y 68 del Reglamento General de Mandos Territoriales, Guarniciones Militares y Servicio Militar de Plaza el comandante de zona... tiene los deberes y atribuciones siguientes: conocer y dar seguimiento a la situación general que prevalece en su jurisdicción, mantener y supervisar el despliegue operativo acorde a la situación que prevalece en la jurisdicción, aplicar en el ámbito de su competencia la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y llevar a cabo toda clase de inspecciones y revistas.

Al responder a la solicitud del grupo de trabajo de diputados, en torno a las averiguaciones previas relativas a los acontecimientos ocurridos en Tlatlaya, la Sedena respondió: esta dependencia del Ejecutivo federal, carece del expediente de averiguación previa. Es exclusivo de las investigaciones que realizó el Ministerio Público Militar, y puesto que en su momento fue consignado personal militar por la presunta comisión de delitos que atentan contra la disciplina militar, atendiendo el principio del debido proceso, quien cuenta con el expediente es el juzgado sexto militar.

Respecto a la petición de las comunicaciones con la PGJEM y la PGR, el general Cresencio Sandoval expuso: esta dependencia no localizó comunicaciones con las citadas dependencias; de existir, las mismas deben obrar en las causas penales que se instruyen en el juzgado sexto militar y en el juzgado cuarto de distrito de procesos penales de la PGJEM.

Tampoco se dio a conocer la información clasificada sobre el operativo: esta secretaría está imposibilitada jurídicamente para presentar una versión pública sobre los hechos que se requiere, en razón a que los mismos se encuentran radicados en los órganos judiciales. El personal militar involucrado se encuentra ejerciendo su derecho a la defensa.