A finales de abril de 2011, el Senado aprobó modificaciones legales que permitían la participación temporal del Ejército en tareas de seguridad publica, fundamentalmente en la lucha contra el narcotráfico, luego de meses de negociaciones de las fuerzas políticas con el gobierno de Felipe Calderón y con las fuerzas armadas.

La minuta fue congelada en la Cámara de Diputados un año después, luego de que el PRI trató de modificar el proyecto para introducir cambios que daban el control absoluto a las fuerzas armadas sobre la autoridad civil, le permitían retener a detenidos, instalar retenes y controlar la intervención de comunicaciones.

El perredista Pablo Gómez, entonces senador y participante en las negociaciones que dieron vida a la llamada ley de seguridad nacional, reglamentaria del artículo 89 constitucional, comentó que al final los altos mandos del Ejército pararon la ley porque querían muchas más atribuciones que las que Calderón les había concedido en la iniciativa que envió al Senado, la cual fue modificada por completo.

Otro de los participantes en la negociación, el ex titular de la PGR y entonces senador del PRI, Jesús Murillo Karam, explicó ante el pleno de esa cámara, el 27 de abril de 2000, que la reforma fue para dotar de un paraguas al Ejército, pero acotando su actuación en tareas policiacas para que fuera sólo temporal.

Un años después, el 28 de abril de 2011, el diputado del PRI, Alfonso Navarrete Prida, presentó un proyecto que modificaba de fondo lo aprobado por los senadores. En el mismo, se daba prioridad a las fuerzas armadas como instancias de seguridad nacional y en la práctica desaparecían las instancias civiles de seguridad.

Un análisis elaborado para el grupo parlamentario del PRD, resaltó que en ese proyecto desaparecían los controles impuestos a las fuerzas armadas, se le entregaba el control de las intervenciones de comunicaciones a los jefes del Estado Mayor de la Sedena y de la Secretaría de Marina y la posibilidad de decidir la virtual suspensión de garantías.

Navarrete Prida retiró la propuesta y el tema se congeló.

El Ejécito paró la ley, por ello, extraña el reciente llamado del secretario de la Sedena para que el Congreso legisle y otorgue un marco jurídico que de certeza a las fuerzas armadas en la tarea de combatir a la delincuencia organizada, recalcó Gómez Álvarez.