Amnistía Internacional (AI) exigió a la Secretaría de Gobernación (SG) activar la alerta de género que solicitó el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, a fin de tener apoyo para frenar el alto número de asesinatos violentos y desapariciones de mujeres en la entidad, así como romper el círculo de impunidad.

Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México, se pronunció por derrumbar todos los obstáculos que en la práctica impiden que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Snpasevm) declare la alerta en 11 municipios mexiquenses.

Aseguró que esos obstáculos “suscitan serias preocupaciones del compromiso de autoridades federales y estatales en cuanto a la utilización de los medios disponibles en la lucha contra la violencia basada en el género.

Indicó que la solicitud del gobernador Ávila representa un paso importante en la aplicación efectiva de la legislación para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres. Ahora, señaló Quiroz, corresponde a la SG reforzar esa voluntad política formalizando la declaratoria de alerta de género.

Ésta, sostuvo, debe ser concebida como mecanismo emergente de intervención del Estado para proteger los derechos humanos de las mujeres en un contexto de violencia, no como mecanismo de sanción a los gobiernos.

La intención final de la declaratoria, afirmó, es revertir patrones de comportamiento arraigados en las costumbres políticas y sociales del país, y lograr una respuesta efectiva de diversas autoridades con la participación de la sociedad.

Su activación, destacó, permitirá impulsar políticas públicas que den prioridad a la prevención de la violencia hacia las mujeres en el estado de México, y cumplir las recomendaciones que ha recibido México por los organismos internacionales de derechos humanos.

Urgió a la SG a que presente los resultados del informe del grupo multidisciplinario e interinstitucional para que se conozcan las acciones para atender la situación de violencia feminicida.

Recordó AI que en enero de 2011, el Snpasevm rechazó la declaratoria de alerta de género para la entidad, solicitada por organizaciones sociales.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos solicitarion un amparo que finalmente llevó a una resolución judicial que obliga al sistema a considerar nuevamente su decisión de forma motivada y fundada.

El 28 de abril de 2014, el sistema admitió la procedencia de la solicitud de declaratoria de alerta para el estado de México y comenzó la etapa de investigación.

De septiembre de 2011 a la fecha, el OCNF documentó más de 800 muertes violentas de mujeres, de las cuales menos de una cuarta parte han sido reconocidas e investigadas como feminicidios por la Procuraduría General de Justicia de la entidad.