Los estados de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán tienen los índices más altos de inseguridad, donde la presencia del crimen organizado ha provocado violencia y desplazamiento de personas, pero también parálisis de la actividad económica en gran parte de sus territorios, se advierte en un documento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En el mismo informe se demanda al gobierno federal reforzar las acciones para proteger la integridad física de la población y combatir a los grupos criminales que operan en esas tres entidades. Se trata de un punto de acuerdo conformado a partir de propuestas de diversos legisladores, entre ellos el senador perredista Armando Ríos Piter, quien destacó que pese a la presencia de las fuerzas federales los problemas persisten en diversas zonas de Guerrero.

Los operativos han resultado poco exitosos y la ciudadanía sigue padeciendo los abusos de la delincuencia organizada. Siguen apareciendo fosas clandestinas, como las 10 localizadas en Acapulco a fines del pasado mes de junio, y persisten los asesinatos, como el perpetrado en tres médicos y un abogado que desaparecieron el 20 de junio cuando regresaban de Chilpancingo, y siete días después localizaron sus cadáveres.

El perredista señaló que tan sólo el mes pasado cerraron una embotelladora de refrescos y una distibuidora de automóviles en Iguala; la mina Campo Morado, en Arcelia, suspendió actividades por la inseguridad, pese a la presencia de la Gendarmería.Por su parte, el diputado Tomás Torres, del Partido Verde, dijo que más de 600 farmacias han tenido que cerrar en los dos años recientes en Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, también por la acción de la delincuencia.

En el punto de acuerdo, que se remitió al gobierno federal, la Permanente destaca que de acuerdo con cifras oficiales y de organizaciones sociales la estrategia gubernamental en Tamaulipas ha reducido los índices de violencia en más de la mitad, pero hay zonas, como la norte, en que la inseguridad persiste debido a la disputa entre los cárteles del Golfo y Los Zetas.

Por lo que se refiere a Michoacán, la Comisión Permanente indica que, de acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2104 hubo un incremento de 6.26 por ciento en el índice delictivo, respecto de los cuatro años anteriores, y 2015 tiende al nivel más crítico del sexenio pasado, alcanzado en 2005.

De la misma manera que en Tamaulipas, son algunos municipios de Michoacán los que concentran el mayor número de delitos, encabezados estos por Apatzingán, Morelia, Uruapan, y Lázaro Cárdenas, sin menoscabo de otras regiones en que se han incrementado las actividades delictivas. El tráfico de drogas y de armas son los delitos de mayor incidencia en el estado.

En cuanto a Guerrero, la inseguridad ha traído consigo la penetración del crimen organizado en los gobiernos municipales y el aumento de la criminalidad. En enero pasado se reportaron 138 averiguaciones previas por homicidio, lo que representa una tasa de 3.87 asesinatos por cada cien mil habitantes, la mayor del país. Es, además, el segundo estado con más secuestros en el país.

La Permanente pidió al gobierno federal reforzar las acciones en materia de seguridad en las tres entidades y exhortó a los gobiernos locales a coordinarse con las autoridades federales para reactivar la actividad económica y generar condiciones a la inversión productiva.