Un grupo de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) pretende que los partidos políticos devuelvan por primera vez al erario dinero no gastado que se les dio para sus campañas.

Aún no se determinan estos montos, pero fue evidente que por el riesgo de ver anulada su elección, los candidatos fueron más cuidadosos en no exceder los topes de gastos y, por tanto, reportaron cantidades bajas. Por ejemplo, los ingresos reportados en las cuentas de campañas electorales federales de los partidos y candidatos equivalen a mil 59 millones de pesos, de los cuales se pagaron mil 20 millones de pesos. O sea, sobraron 39 millones de pesos.

La iniciativa de Benito Nacif divide a los integrantes de la Comisión de Fiscalización y al resto de los consejeros electorales.

El viernes, la comisión aprobó presentar esta propuesta al Consejo General por tres votos de Nacif, Beatriz Galindo y de Javier Santiago. Hubo uno en contra, del presidente, Ciro Murayama. Ayer, se repitió el sentido de la votación, más el de Enrique Andrade, quien se manifestó en contra.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE tendría que calcular los montos recibidos de financiamiento público por partido para gastos de campaña no erogados en estos comicios y preparar un proyecto para que sean rembolsados a la Federación o a las tesorerías de las entidades.

Murayama rechazó esta iniciativa con el argumento de que nunca se ha hecho eso. No está en ningún ordenamiento legal ni la obligación de los partidos de devolver ese dinero ni nuestra atribución de confiscarlo.

Comentó que es legal que los partidos hagan transferencias del Comité Ejecutivo Nacional a las entidades federativas. De hecho, algunos que tienen baja presencia electoral en distintas entidades hacen sus campañas con base en dichas transferencias.

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña apoyó a Nacif al señalar que fiscalizar significa cuidar los recursos del pueblo y regalarle a alguien ese sobrante no es cuidarlos.

Reconoció que no hay una atribución clara del INE en ese tema, pero sí hay jurisprudencia que le daría una atribución implícita.

El Consejo General tendrá la última palabra en su sesión del 20 de julio.