uego de 17 horas de negociaciones con los jefes de gobierno de los países que comparten la moneda común europea, el primer ministro griego Alexis Tsipras aceptó la imposición de medidas draconianas que anulan la soberanía griega, a cambio de un acuerdo para la búsqueda de un nuevo plan de rescate por 86 mil millones de euros. El parlamento griego tiene hasta el miércoles para aprobar todas las reformas comprometidas por Tsipras, entre las que se incluyen exigencias rechazadas de manera contundente por la población en el referendo del domingo 5 de julio: aumento de impuestos regresivos, limitación del sistema de pensiones, privatización de bienes públicos estratégicos e involucramiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por si fuera poco, la soberanía griega quedará abolida de facto, por disposiciones como la incapacidad del país de votar reformas sin la previa aprobación de los acreedores, y la cesión de activos estatales a un fondo de cobertura fuera del control gubernamental.

Es necesario puntualizar que el gigantesco préstamo negociado por el gobierno griego no representa un rescate de su economía ni está destinado a mejorar las precarias condiciones de vida de una población con más de un cuarto de sus habitantes en el desempleo, pues el dinero será usado casi íntegramente para cubrir las deudas con los acreedores. Es decir, Alemania y otros países prestarán capital que cobrarán los bancos alemanes, franceses e italianos pero será pagado por Grecia mediante recortes brutales a su presupuesto, tal como sucedió en los dos rescates anteriores. Además, en las negociaciones no se contempló la posibilidad de una condonación de la deuda, pese a que existe un reconocimiento generalizado de que ésta resulta impagable, aun si Grecia se sometiera por completo a los dictados de sus acreedores.

En este complicado escenario el presidente de la Comisión Europea –el órgano ejecutivo de la Unión Europea–, Jean-Claude Juncker, sostuvo que las condiciones impuestas a Grecia constituyen un arreglo típico de Europa; por contraste, para muchos observadores es claro que el nuevo plan de rescate griego atenta contra el proyecto continental. El premio Nobel Paul Krugman, entusiasta de la integración europea pero crítico de la manera en que se ha manejado la crisis, ha sido tajante al señalar que las exigencias de Alemania tienen todos los visos de una venganza política más que de una solución económica, y ha afirmado que el caso griego demuestra que ser miembro de la eurozona significa que los acreedores pueden destruir tu economía si te sales del guión. Reputados economistas, como el propio Krugman y el también Nobel Joseph Stiglitz, han señalado de manera reiterada que esta política de austeridad provoca estancamiento económico y desempleo, privando a las naciones en dificultades de recursos que les permitan hacer frente a sus compromisos y financiar su desarrollo.

Como era de esperarse, el viraje en las posturas soberanistas y radicales del gobierno griego y su virtual sometimiento al nuevo plan de rescate –indistinguible del que había sido rechazado por la población helena, por su carácter lesivo contra los ciudadanos más desfavorecidos– ya está causando fracturas dentro del gobernante partido Syriza. Debe recordarse que esta fuerza de izquierda alcanzó el poder precisamente por su oposición a la política de austeridad impuesta bajo presión de la canciller alemana Angela Merkel. El pasado viernes, cuando se votó un primer paquete de reformas, varios diputados de la referida coalición de izquierda se ausentaron, abstuvieron o votaron en contra; paradójicamente, la propuesta de Tsipras recibió los votos de la oposición, encabezada por los partidos tradicionales Nueva Democracia (conservador) y Socialista Panhelénico (socialdemócrata). Ahora la inestabilidad interna es inminente: miles de ciudadanos protestan contra lo que consideran una traición del gobierno, mientras el ministro del Trabajo, Panos Skurletis, advirtió que debe convocarse a nuevas elecciones este año.

Pero más allá de las dificultades que pueda tener un gobierno en el que se habían depositado enormes expectativas, es preocupante la constatación de que los poderes fácticos constituyen cuentan con capacidad para imponer límites a las elecciones democráticas y los procesos soberanos, hasta el punto de anularlos. Una vez más, las decisiones de los grandes capitales se imponen a las necesidades y voluntades de millones de seres humanos, en una lógica depredadora de la que ninguna nación parece estar a salvo.