La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no fija las normas por las cuales deben regirse los penales o centros reclusión, pues su función es observar que en estos sitios se respeten la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, sin que ello inhiba o determine las condiciones de seguridad.

De esta forma, la comisión salió al pasó a las declaraciones que en la víspera hizo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien citó que por cuestiones de derechos humanos la videovigilancia de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, tenía dos puntos ciegos y que por las mismas normativas el brazalete que portaba el delincuente no contaba con un GPS de localización.

Después de estas declaraciones, el secretario Osorio Chong y el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, se reunieron en privado en las oficinas de la Secretaría de Gobernación. En el encuentro, el responsable de la política interna dijo que el respeto a los derechos humanos de ninguna manera fue la causa de la evasión del delincuente en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.

En la misma reunión, el secretario de Gobernación reiteró que se mantuvieron todas las medidas de vigilancia para el resguardo del recluso, en estricto apego a los protocolos, mismos que son respetuosos de los derechos humanos.

Adelantó que tras estos hechos se reformará el reglamento del sistema penitenciario federal, a fin de fortalecer las medidas de seguridad, pero siempre bajo un estricto cumplimiento de los derechos humanos.

En un escueto comunicado que confirmó el encuentro entre Osorio Chong y González Pérez, se informó que también estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, por parte de Gobernación, y la tercera visitadora general, Ruth Villanueva, por la CNDH.

Previo a este encuentro, la CNDH había señalado que ella no establece las normas en los penales, pero que éstos deben cumplir con la Constitución y lo dispuesto en los instrumentos internacionales que ha firmado el gobierno mexicano y ratificados por el Senado de la República.

En cuanto al cumplimiento de la función de observancia del respeto a los derechos fundamentales en los reclusorios, cuyos resultados se reflejan en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, que anualmente se da a conocer, la CNDH cuenta con el apoyo y colaboración de los integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, con los que realiza un trabajo coordinado en cada entidad.

Esa tarea se lleva a cabo con base en la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria, instrumento que permite medir con objetividad las condiciones de internamiento a partir de indicadores que representan los aspectos a evaluar en un reclusorio.