los asesores jurídicos del gobierno municipal y al gobierno del estado pecan de ignorantes, o de plano lo que buscan es ganar tiempo y engañar a las organizaciones civiles que se oponen a la construcción del Centro de Convenciones en el Cerro del Fortín con una propuesta de consulta ciudadana que técnica y jurídicamente es inviable.
En primer lugar porque, como ya se anunció en el comunicado emitido por la oficina de Comunicación Social del gobierno del estado, quien hará la solicitud al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) será el gobierno del estado. Pero la Ley de Participación Ciudadana es muy clara cuando precisa que los únicos sujetos legitimados
para solicitar un plebiscito (que es la figura de consulta aplicable en este caso) son o las dos terceras partes del Congreso local, o el 20 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores utilizada en el último proceso electoral
(artículo 17).
Conclusión: ni el gobernador, ni ninguno de los secretarios o funcionarios de otros niveles del gobierno del estado, están considerados por la ley como sujetos legitimados
y, por tanto, no tienen ninguna facultad para solicitar al órgano electoral la realización de la consulta.
Esto último está muy claro en el texto de la misma ley cuando cita entre las causas de improcedencia de la solicitud de plebiscito que ésta no sea presentada por alguno de los sujetos legitimados para ello
.
En segundo lugar, y en el supuesto de que los asesores del Poder Ejecutivo (el gobierno municipal ya cumplió con la brillante idea de sugerir la consulta) le dieran la vuelta al asunto y para enmendar errores solicitaran al Congreso local que les haga el trabajo, se enfrentaría con otros problemas técnicos y operativos.
El plebiscito (al igual que el referendo) solamente se puede llevar a cabo en dos momentos: preferentemente
durante la jornada electoral inmediata, y siempre y cuando la solicitud hubiese sido aprobada, o dentro de los siguientes SEIS MESES a la resolución del Instituto en la que certifique el cumplimiento de los requisitos legales, a condición de que el presupuesto de egresos correspondiente establezca una partida para su promoción y realización
(artículo 71).
Pero, además, ¿cómo le haría el Ejecutivo para convencer a las dos terceras partes del Congreso local para que suscriban la solicitud? ¿Intercambiaría con los diputados del Partido Revolucionario Institucional otra enmienda constitucional?
Conclusión: en cualquiera de los dos momentos, la fecha más cercana para realizar el plebiscito sería el primer domingo de junio de 2016 (es decir, dentro de 11 meses) o para el mes de enero de 2016 (seis meses), siempre y cuando el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas, hubiese autorizado, dentro del presupuesto ordinario del proceso electoral 2015-2016, el monto a erogar por el concepto de la organización de esta consulta ciudadana.
(Sólo como referencia hay que mencionar que con el pretexto de la quiebra financiera del gobierno del estado, de manera reiterada la Secretaría de Finanzas ha incumplido con sus compromisos legales para otorgarle en tiempo y forma recursos económicos al IEEPCO, tanto para cubrir sus gastos de operación y mantenimiento y atender las elecciones extraordinarias en los municipios de sistemas normativos indígenas como para otorgar sus prerrogativas a los partidos políticos).
Está muy claro, entonces, que lo que a primera vista parecería una medida correcta, propia de un gobierno receptivo a la inconformidad social, pues el plebiscito es un instrumento de participación democrática, no es más que un engaño para ganar tiempo y desactivar protestas e inconformidades.
Hasta hoy, las millonarias campañas de prensa y radio financiadas por la Secretaría de Turismo para linchar a los opositores al proyecto e intentar desacreditar la imagen del maestro Francisco Toledo han fracasado, como también ha fracasado el uso de membretes empresariales, corporativos y grupos porriles. Por eso, y ante la proximidad de las fiestas de la Guelaguetza, desde la oficina de la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca les vendieron la genial idea de desempolvar una Ley de Participación Ciudadana que nació muerta. Y que, por desgracia, ni siquiera fue leída por quienes tuvieron la ocurrencia de sugerir que una consulta ciudadana era la mejor salida política para desarmar a esa misteriosa mano negra que se opone al progreso de Oaxaca.
