l jefe de gobierno de España, Mariano Rajoy, afirmó ayer que su mandato está preparado para cualquier problema que pueda surgir en el futuro, y reiteró que no va a haber independencia de Cataluña, en clara respuesta a la presentación, en Barcelona, de una lista unitaria para las elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 27 de septiembre. En el mismo discurso, Rajoy reiteró que los catalanes no tienen derecho a decidir sobre su futuro sin tomar en cuenta a los otros miembros del Estado español, y afirmó que está fuera de la ley el llamado de Artur Mas –presidente del gobierno de Cataluña– a convertir las elecciones autonómicas en un plebiscito en favor o en contra de la independencia catalana.

A manera de contexto, cabe señalar que Mas es uno de los dirigentes de Juntos por el Sí, lista electoral que aglutina a partidos y corrientes políticas disímbolos que tienen en común el reclamo soberanista. En su actual plataforma de campaña aseguran que, de ganar, emprenderán un proceso de secesión en varias etapas. Resulta significativo, sin embargo, que Raül Romeva –una de las cabezas más visibles de la candidatura conjunta– afirmase que si España bloquea este proceso se daría una declaración inmediata de independencia. Se trata, evidentemente, de un aviso de escalada en el conflicto que amenaza con romper los cauces institucionales.

En este escenario tan crispado, la postura intransigente de Rajoy no hace sino ahondar la grieta abierta entre Barcelona y Madrid desde 2010, cuando una decisión del Tribunal Constitucional frustró las expectativas catalanas de mayor autonomía en el marco del Estado español. Desde entonces, La Moncloa emprendió una implacable persecución política y judicial contra todos los intentos legales de quienes impulsan la independencia.

De su lado, el mencionado tribunal, máximo intérprete de la Constitución española, ha puesto en entredicho su autonomía al acompañar al Ejecutivo en esta campaña política. Cabe recordar que en 2014 prohibió –a petición de Rajoy– que el gobierno de Cataluña efectuara una consulta popular no vinculante para que los ciudadanos expresaran si deseaban mantener su estatus político, constituir un Estado soberano o formar un Estado autónomo dentro del reino de España. Pese a esta prohibición, el 9 de noviembre se efectuó un proceso de participación en el que más de 80 por ciento de los votantes se manifestó en favor de la plena independencia, dato que ningún régimen que se reclame democrático puede permitirse ignorar.

Sin embargo, lejos de entender la magnitud del desafío, la actitud de Mariano Rajoy denota una preocupante insensibilidad política. Primero, porque pasa por alto que el histórico anhelo de independencia de amplios segmentos de la población catalana se vio exacerbado por las políticas de austeridad y recortes al gasto social con que el actual gobierno del Partido Popular ha venido encarando la crisis económica que golpea a España desde hace ya más de un lustro. Y segundo, porque la intransigencia de La Moncloa dinamita cualquier posibilidad de entendimiento institucional, con lo que cierra las puertas a los sectores moderados y atiza los posicionamientos más radicales.

Si existiese un verdadero deseo de contribuir a la cohesión del Estado español, el presidente Mariano Rajoy debería abandonar el tono belicista y ajeno a las formas democráticas con que ha enfrentado el reclamo catalán. Se requiere, por lo contrario, reconstruir el camino del diálogo y asegurar, de esa manera, una salida pacífica e institucional a esta crisis.