Pobladores de la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, rechazaron la versión oficial de que los elementos militares tiraron al aire, en un intento por dispersar a la población que se manifestaba. Tiraron para que la gente se quitara; dispararon contra los civiles.

Afirmaron que la detención de Cemeí Verdía Zepeda, coordinador de las autodefensas de la región, acusado por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, fue una traición a la policía comunitaria, pues venían trabajando con el gobierno estatal, además de que su comandante acudió bajo engaños al sitio donde fue detenido.

Los comuneros entregaron fotocopias de acuerdos suscritos por el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, derivadas de reuniones de trabajo, en el que incluso se aprueban 50 plazas para la Fuerza Rural en el municipio de Aquila.

Argumentaron que las armas en su posesión, y que son el pretexto para la aprehensión de su comandante, les fueron proporcionadas por las mismas autoridades estatales. Cemeí Verdía percibía un salario por ese trabajo al frente de las autodefensas. Tiene sus talones de pago en orden, dijeron.

En conferencia de prensa, en que relataron los hechos ocurridos el pasado domingo, donde un menor de 12 años murió por el impacto de una bala en la cabeza, y otras cuatro personas –una de ellas una niña de 6 años– resultaron heridas, Agustín Vera, vocero y jefe de tenencia, y Ezequiel Celestino, de la comisión de vigilancia, señalaron que todo indica que hay una complicidad entre los elementos del Ejército y la Policía Federal con jefes del grupo criminal Los caballeros templarios en los municipios de Aquila, Chinicuila, Coahuayana y Coalcomán, para atacar y agredir a la población de esta región.

Insistieron en que los únicos disparos realizados ese domingo fueron hechos por los elementos militares y de las fuerzas federales que llegaron a la zona para detener al comandante Cemeí Verdía.

Relataron que a las 5 de la tarde de ese domingo, tras la detención de Cemeí Verdía, elementos de la Marina y policías estatales y federales, a quienes se incorporaron los soldados del 86 batallón, atacaron con armas de fuego, macanas y gases lacrimógenos los retenes instalados por los comuneros. Fue a su paso por la encargatura de Ixtapilla, municipio de Aquila, que dispararon contra las casas y la población civil, hechos en los que resultó muerto el menor Edilberto Reyes García, de 12 años.

Ambos dirigentes denunciaron que detrás de esta abierta intención por exterminar a los grupos de autodefensas y policías comunitarias de esta región de la costa y sierra de Michoacán está la pretensión de apoderarse de la zona para impulsar megaproyectos turísticos y explotar yacimientos mineros.

Con la muerte del menor Idilberto Reyes, en la región se han registrado 34 homicidios y varios desaparecidos, del 2008 a la fecha.

En la conferencia, los representantes comuneros presentaron un video en el que se observa el lento avance de los vehículos militares sobre el puente de Ostula, de unos 60 metros de longitud, y se escuchan los disparos de las armas de fuego, aparentemente de la vanguardia del convoy militar. La gente grita y corre a esconderse.

Los representantes comuneros estuvieron acompañados por Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), y Jorge Luis Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quienes expresaron su preocupación por este acto de agresión contra la sociedad civil, calificado de extremadamente grave.