Santiago.

Luego de que un ex soldado raso decidió romper un pacto de silencio, la justicia chilena ordenó el arresto de siete militares retirados involucrados en el caso de dos jóvenes que fueron quemados en 1986 –uno de los cuales murió– durante una jornada de protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet.

Fernando Guzmán, quien hacía su servicio militar en aquella época, desmintió la versión castrense de que los jóvenes se quemaron al estar fabricando bombas incendiarias. Reveló que una patrulla de militares detuvo el 2 de julio de 1986 al fotógrafo Rodrigo Rojas y a la estudiante Carmen Gloria Quintana, a quienes rociaron con gasolina y les prendieron fuego.

Enseguida, por orden de sus superiores, los dos jóvenes fueron llevados a un descampado cercano y los lanzaron a una zanja en un suburbio de Santiago. Rojas, de 19 años y quien residía en Estados Unidos, falleció a los pocos días, mientras Quintana, por entonces de 18 años y que sufrió quemaduras en 65 por ciento de su cuerpo, logró recuperarse después de un largo tratamiento y proceso de rehabilitación en un hospital de Canadá.

Con base en estos datos, el martes se ordenó la detención de dos oficiales y cinco suboficiales, que son interrogados por el juez Mario Carroza para buscar algún tipo de información que nos permita decir si ellos son, y si tuvieron algún tipo de participación. Lo que sí sabemos es que todos ellos estuvieron allí en ese momento, indicó el magistrado.

Una vez terminada la diligencia, el juez tiene cinco días para decidir si procesa o no a los involucrados, quienes deberán permanecer en un recinto militar. En cuanto a la pena probable a la que podría ser condenado Fernando Guzmán, señaló que habrá que ver las atenuantes. De hecho él está cooperando. Nunca ha delinquido. Hay varias consideraciones que hay que observar.

Anunció que el ex capitán Pedro Fernandez Dittus, jefe de la patrulla militar que apresó a Rojas y a Quintana, y que en 1994 fue condenado a la pena de 600 días de presidio por el cuasi delito de homicidio, ahora sería procesado por homicidio calificado.

De su lado, Guzmán dijo que ha vivido con un pánico indescriptible todos estos años y que no se atrevió a hablar por miedo a ser asesinado, e incluso algunos años atrás, en una diligencia judicial en que estuvo cerca de Carmen Gloria, no fue capaz de decir la verdad.

Desde Canadá, Carmen Gloria Quintana hizo un llamado a todos los uniformados a que de una vez por todas se atrevan a decir la verdad sobre los casos de violaciones a los derechos humanos, en especial los jóvenes conscriptos, porque también muchos de ellos fueron víctimas de la dictadura (1973-1990).

Tras agradecer a Guzmán por su valentía, externó su esperanza de que a partir de ahora haya realmente justicia en mi caso y se haga esto que por tantos años hemos esperado.

El gobierno chileno llamó a romper los pactos de silencio, tras valorar las revelaciones que hizo Guzmán. Estos son hechos que me gustaría que siguieran ocurriendo, dijo el vocero de gobierno Marcelo Díaz sobre las confesión del ex conscripto.