Integrantes de la comunidad indígena de Santa María Ostula, del municipio de Aquila, Michoacán, exigieron que se garantice la integridad de la comunidad y el respeto a su policía comunitaria, así como la inmediata libertad de Cemeí Verdía Zepeda, líder de los grupos de autodefensa del municipio de Aquila, Coahuayana y Chinicuila.

Demandaron justicia y castigo para los culpables de la muerte del niño Hidilberto Reyes García, y de las agresiones a la población del domingo pasado.

Informaron que una comisión de la comunidad visitó el Distrito Federal a fin de contrarrestar la versión que dieron a conocer, casi inmediatamente, las autoridades y fuerzas del orden para justificar su violenta e ilegal agresión del 19 de julio.

Como resultado de dicha visita se realizaron una conferencia de prensa, varias entrevistas y reuniones con la sociedad civil en las que se dio a conocer la verdad de los hechos ocurridos.

Señalaron que ayer viernes se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz; así como con el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, entre otros, con quienes firmaron 12 acuerdos.

En uno de ellos las procuradurías General de la República y la de Michoacán se comprometen a ser cuidadosas y detalladas en las declaraciones públicas sobre los hechos ocurridos hace una semana, además que los funcionarios sostendrán una reunión en la región con representantes y miembros de la comunidad de Santa María Ostula en un plazo no mayor de 15 días.

Otro convenio fue que las autoridades se comprometieron a que se haga justicia y se esclarezca la verdad sobre los hechos ocurridos en la comunidad indígena de Santa María Ostula, en los que murió el niño Hidilberto Reyes García.

También se acordó que no habrá agresiones, hostigamiento o detenciones de las autoridades contra integrantes de las comunidades indígenas de Santa María Ostula, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana.

“Debemos recordar que no es la primera vez que se establecen espacios de diálogo entre los habitantes de Santa María Ostula y el gobierno, y que a pesar de ello la comunidad arrastraba el saldo de 32 muertos y seis desaparecidos desde 2009.

Ahora, a pesar de haberse instalado una mesa de negociación desde el pasado 12 de junio con la Secretaría de Gobernación, se agrega la muerte de un niño a la lista de agravios.

Hicieron un llamado para que la comunidad esté atenta ante la tensa situación que prevalece en la región y para que se respeten los acuerdos firmados.