El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, señaló que es muy apresurado sacar conclusiones en el proceso de investigación de lo que ocurrió el pasado domingo en Aquila, Michoacán, donde murió el menor Hidilberto Reyes García.

“No es sorpresa que las autoridades salgan tan rápido a acotar la creciente queja que hay sobre el equivocado operativo militar en Michoacán.”

En entrevista, recordó que el pasado 9 de julio se cumplió un año de la muerte del niño José Luis Tehuatle Tamayo, víctima de la policía estatal de Puebla, que no atendió los reglamentos propios, ni consideraron la pertinencia y proporcionalidad de sus acciones frente a los pobladores que se manifestaban en la autopista de Chalchihuapan.

También, dijo, hace cuatro años en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un convoy del Ejército disparó contra una familia, acción en la que murieron dos niños. “Las autoridades alteraron la escena del crimen y se apresuraron en acusar que los disparos habían sido de grupos criminales. En su momento esto fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuando se iniciaron las investigaciones, algunos abogados refirieron que hubo militares procesados.

Ayotzinapa es otro caso que han querido resolver y dar respuesta rápida eximiendo al Estado de responsabilidad, manifestó.

De 2006 a 2014 la Redim ha documentado cerca de 2 mil homicidios de niños y adolescentes. En la mayoría de los casos, advierte, predomina la impunidad y ausencia de investigación profesional.

Al respecto, consideró inadmisibles los ataques, desaparición y ejecuciones extrajudiciales contra niños y adolescentes a manos de policías y militares y demandó a las autoridades transparencia en el proceso de investigación y protección especial a las víctimas y sus familias.

Para la Redim es evidente que las fuerzas militares enfrentan un serio desgaste desde que fueron involucradas en la lucha contra el crimen organizado; por lo que preservar su legitimidad social es muy importante, pero, añade, es imposible querer hacer cumplir la ley, violando las leyes mismas.